
Elimina Congreso de Hidalgo partida de servicios parlamentarios
PACHUCA, Hgo., 22 de octubre de 2019.- Al respecto de la rueda de prensa convocada por la dirigencia estatal de Morena, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) emitió un comunicado la noche de ayer a fin de precisar que el 5 de junio pasado, un ciudadano presentó ante ese órgano electoral una queja por presuntos hechos realizados en el Congreso del Estado de Hidalgo, señalados por el quejoso como un indebido uso de los recursos públicos y la violación del artículo 134 constitucional.
El Instituto realizó la investigación correspondiente a fin de admitir o desechar la queja, así como dio vista a las instancias que por ley podrían tener competencia dentro del asunto señalado debido a que es una obligación procesal y no un medio o método de presión, como se mencionó en la conferencia de prensa.
Luego de las investigaciones, la Secretaría Ejecutiva del IEEH admitió la queja como un Procedimiento Ordinario Sanciónador.
Con el propósito de proteger los derechos de los involucrados y bajo el principio del debido proceso, los emplazamientos se realizaron de manera personal con las formalidades contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la legislación aplicable para que señalaran lo que a su derecho correspondía, toda vez que a quienes se llamó a juicio fueron señalados por el propio quejoso en su dicho, dentro de las pruebas ofrecidas y derivado de la averiguación previa.
De conformidad con lo establecido en el artículo 333 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, el procedimiento se encuentra en el término legal de la investigación dentro del cual se realizan las diligencias necesarias para su debida resolución.
El Instituto precisó que los Procedimientos Administrativos Sancionadores que desahogar se realizan a través de la Secretaría Ejecutiva con la Coadyuvancia de la Dirección Ejecutiva Jurídica y el seguimiento de la Comisión Permanente Jurídica del Instituto y, en el momento procesal oportuno son resueltos por el Consejo General, cuya a resoluciones se basan en hechos previamente probados, en el derecho y en los principios rectores que rigen la función electoral, no así en circunstancias externas de carácter político.
“El organismo nunca actuará con base en presiones de ninguna índole y condena enérgicamente las consecuencias que la desinformación puede generar. La protección señal información y los datos de un Procedimiento Sancionador son resguardados por el Instituto”, apunta el comunicado.
Asimismo, informa que el árbitro de las contiendas electorales se conduce únicamente conforme a la Constitución y la legislación electoral, alejándose sin excepción en estricto apego y respeto a los derechos humanos y al debido proceso.
Finalmente se explica que la consejera presidenta así como las y los consejeros electorales serán siempre respetuosos de las opiniones que su actuar genere, pero de ninguna forma se permitirá que se realicen señalamientos infundados sobre Procedimientos Administrativos Sancionadores que se estén desahogando y que aún no han sido resueltos.
Este tipo de acciones ponen en riesgo el debido proceso y la protección constitucional los derechos humanos de las personas referidas en el procedimiento señalado.