PACHUCA, Hgo., 25 de marzo de 2015.- Erika «A» recibe llamadas lo mismo a las 11 de la noche que a las 5 de la mañana para cobrarle un préstamo que adeuda en Banco Azteca por parte de una supuesta «Procuraduría de Cobranza Judicial».
La primer y segunda semana de atraso se debieron a que se quedó sin empleo y posteriormente, ya no le fue posible abonar porque su adeudo se había triplicado al pasar de 9.5 mil pesos a casi 30 mil pesos. Sin embargo, lo que Erika no sabe es que más que una cobranza, está siendo extorsionada por una empresa defraudadora.
Y es que, a partir de la Reforma Financiera, las reglas se han endurecido con las Instituciones Financieras, quienes deben evitar la contratación de empresas, cuyas prácticas de cobranza no se sujeten a la ley, ya que no han sido pocos los casos en que, incluso, han llegado a ‘embargar’ las propiedades, lo que constituye el delito de robo, toda vez que no se siguieron las diligencias que por ley se ordenan.
«Ningún despacho puede usar un nombre que induzca a pensar que se trata de una institución pública.También tienen reglas muy específicas sobre cómo llevar a cabo los procesos de cobranza. Cuando una situación de esta índole sucede, pueden acudir a nuestra instancia (Condusef) para que intervengamos y sancionemos a la institución financiera que les contrata», precisó Aldo Rodríguez García, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros.
Rodríguez García hizo un llamado para denunciar cualquier actividad sospechosa de los despachos en las oficinas de la Condusef, teniendo los usuarios también la alternativa de iniciar un proceso judicial en contra de las mismas, derivado de que los empleados, aun sabiendo que suplantan identidades y se hacen pasa por supuestos funcionarios, suelen presentarse como «Procuradores o Subprocuradores» para realizar sus negociaciones.
Citó que en el caso de la Procuraduría de Cobranza Judicial de Elecktra, estaría incurriendo en un fraude, e incluso, estas tácticas de cobranza estarían induciendo a la extorsión.
POSICIÓN DE LA PGJ
La Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo aprovechó para informar que no realiza, ni en nombre propio o de terceros, cobros de dinero ni vía telefónica ni por visita domiciliaria, luego de recibir, de nueva cuenta, quejas de personas que se dicen intimidadas por personal de “la Procuraduría”.
Una de las quejas fue hecha en contra de un despacho denominado “La Procuraduría de Cobranza Judicial (sic) SA. de CV.”, ubicada en la calle de Guerrero, en Pachuca, cuyo rótulo presenta las siglas “PCJ”, en clara alusión a las iniciales “PGJ”, con que se identifica a las dependencias de procuración de justicia.
En este despacho particular, cuyo personal, presuntamente haciéndose pasar por funcionarios de la procuraduría, se realizan llamadas y/o visitas amenazantes donde se entregan a los deudores formatos donde se lee la leyenda: “Se lo advertimos, usted hizo caso omiso, ya es inminente, ¡hoy es una realidad! A las seis de la tarde del día (fecha) personal adcrito (sic) a LA PROCURADURÍA general van a ejecutar una orden autorizada por la ley en su contra”.
La fiscalía estatal aclaró que esas prácticas son muy recurrentes en despachos jurídicos que adquieren carteras vencidas y mediante amenazas como “el arresto”, la “ruptura de cerraduras” y el “uso de la fuerza pública” buscan cobrar deudas monetarias mencionando incluso el embargo de bienes.
La PGJEH no incurre en esas prácticas, por lo que nuevamente solicita a la ciudadanía no dejarse sorprender, pues en esa clase de procedimientos no deriva ninguna de las “medidas” mencionadas por esos despachos y mucho menos ejecutadas por una autoridad ministerial.
“Es instrucción del Procurador Alejandro Straffon que todo funcionario de la PGJEH se identifique de manera visible, en su área de trabajo y en actuaciones exteriores, pues ninguna diligencia se realiza vía telefónica ni mucho menos con amenazas e insultos”, por lo que la dependencia exhortó a la gente a que denuncie en caso de que se ostenten como “Ministerios Públicos”.
La PGJEH señaló que “enfáticamente se deslinda de cualquier persona que labore para esa empresa de cobranza de esta clase de cobros ilegales e intimidatorios, pues están encaminadas a amedrentar a la gente para que cubra una deuda de carácter mercantil en cuyo caso se debe seguir un procedimiento jurídico para deslindar responsabilidades penales en caso de existir”.
También, la PGJEH informó que “ni ésta ni alguna otra empresa privada de cobranzas tienen autorización para detener a persona alguna ni para realizar acciones que le competen exclusivamente a la autoridad ministerial y/o judicial”.