Empresa que echaron de Zimapán se adjudica millonario contrato con CFE

PACHUCA, Hgo., 13 de Enero del 2015.- La empresa española, Abengoa, vinculada a grupo Higa y la misma que pidió una indemnización millonaria al gobierno mexicano por no operar el confinamiento de residuos tóxicos en Zimapán, se adjudicó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por mil 550 millones de dólares para la construcción de la mayor planta de ciclo combinado en México, de 924 megavatios en Ciudad Juárez.

Así lo dio a conocer el grupo español mediante un comunicado en el que precisa que el contrato incluye la operación y mantenimiento de la planta durante 25 años y que los trabajos durarán 30 meses.

La inyección económica que supone el contrato con la Comisión Federal de Electricidad contribuye a aliviar la situación financiera de la empresa, pues eleva su carteta de ingeniería y construcción en 9,300 millones de euros.

En abril de 2013 Abengoa y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, Cofides, ganaron al gobierno mexicano un arbitraje del Banco Mundial en torno al confinamiento de residuos tóxicos en el municipio de Zimapán, Hidalgo.

Dicho procedimiento la compañía española inició en septiembre de 2009, luego que las organizaciones civiles, así como las autoridades municipales impidieron la instalación de una planta de almacenaje de residuos.

Para Abengoa, la decisión de México representaba una violación del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre México y España, por lo que acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial, para demandar al país una cantidad superior a los cincuenta millones de dólares, por los daños causados.

Cabe recordar que el litigio inició en 2007 cuando el alcalde priista, Eusebio Aguilar, otorgó el uso de suelo a Befesa, filial de Abengoa, para que instalara una planta de almacenamiento de residuos tóxicos y no una planta de reciclaje, como se estableció en un principio.

Esto originó protestas entre los habitantes de la zona, que denunciaron irregularidades en el otorgamiento de los permisos. En 2009 el alcalde perredista José María Lozano revocó los permisos, situación que provocó un litigio lo que derivó en el pago de una cantidad millonaria.