Encarcelan injustamente 3 años a indígenas por fraude fiscal

PACHUCA, Hgo., 17 de agosto de 2015.- La emoción traiciona a Margarita, las lágrimas inundan sus ojos y empapan sus mejillas; sube a un improvisado templete, agacha la cabeza, y con palabras entrecortadas agradece que después de 36 meses esta noche no dormirá más en la fría celda ubicada en el área femenil del Centro de Readaptación Social de Pachuca.

La media noche del domingo 16 de agosto apenas comienza, el frío cala en la entraña, pero eso no impide que familiares reciban calurosamente a Margarita Hernández Lugardo, Celso Mejía Caballero y a Juan Hernández Caballero, tres indígenas hñahñus vecinos de la comunidad de San Joaquín, perteneciente al municipio de Tecozautla, encarcelados injustamente en 2012, acusados de cometer fraude fiscal por 486 millones de pesos.

En pleno camellón del bulevard del Minero, a un costado del penal de Pachuca, es habilitada una vieja tarima a manera de templete; sostenida con dos lazos pende una pequeña lona con la leyenda: “la cara de la injusticia”.

Margarita, Celso y Juan, suben al estrado, cargan bolsas de plástico con sus pertenencias y artesanías que internos del penal les obsequiaron a modo de recuerdo, para no olvidar el martirio de 36 meses de encierro. Automovilistas detienen el paso de sus unidades, lanzan curiosas miradas indagando de qué se trata aquella improvisada conferencia, ofrecida a media noche.

Para la mayoría de los reporteros convocados, la historia de Margarita (quien tras su detención le fue diagnosticada diabetes, lo que puso en riesgo su vida), Celso y Juan, es desconocida, hasta que el dirigente del Consejo Supremo Hñahñu (CSH), Luis Vega Cardón sintetiza el drama detrás de su detención, y el fondo de su encarcelamiento.

El delito de los 3 indígenas que formaban parte de la directiva de una cooperativa fundada en 1998, fue creer en el empresario queretano Oscar Corro, quien les prometió trabajo (maquila) para el taller de costura que operaban junto con otros 30 vecinos de San Joaquín.

En el año 2000, Margarita, Celso y Juan fueron electos directivos de dicha cooperativa, fecha en que apareció el empresario Oscar Corro, originario de Tequisquiapan Querétaro, y quien a base de engaños ofreció a los empresarios indígenas trabajo constante de maquila.

Tras ganarse la confianza de sus nuevos socios, Corro (sin el consentimiento de los directivos) usó la razón social de la pequeña maquiladora San Joaquín para hacer sus propias gestiones y negocios, incluso a través del Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Importación (PITEX) dependiente de la Secretaría de Economía (SE), contrató créditos y consolidó compras para introducir telas a través de la aduana.

Sin embargo, la materia prima la desvió para otras empresas, violando el reglamento del programa que exige regresar al país de origen las telas como prendas ya terminadas, lo cual es considerado un fraude fiscal.

Margarita, Celso y Juan, pagaron el costo de los negocios del empresario queretano, a pesar de que jamás manejaron las telas que solicitó Corro, ni siquiera sabían de los negocios que se hacían a nombre de la maquiladora San Joaquín, hasta el día que fueron arrestados por agentes de la Policía Federal.

“Jueces insensibles y un sistema jurídico completamente torcido”, es a lo que se enfrentaron los ahora liberados, detalla uno de los abogados, pues se presentaron evidencias de que ellos no pudieron fraguar operaciones tan complejas y especializadas tomando en cuenta la terrible pobreza que padecen. Aun así, un juez los encontró culpables y les dictó la pena mínima de 3 años, así como la responsabilidad de devolver los 486 millones de pesos.

A decir de Luis Vega Cardón, presidente del Consejo Supremo Hñahñu, «es inverosímil que los cooperativistas acudieran a los mercados internacionales de tela e introducir la mercancía a México, pues los trámites se realizaron ante la delegación de la Secretaría de Economía del estado de Querétaro, de donde es originario Oscar Corro».

Durante el proceso se comprobó la falsificación de firmas, incluso durante una comparecencia el agente aduanal que procesó las importaciones, desmintió que los tres indígenas hayan solicitado tales servicios.

En marzo pasado el juzgado aceptó las conclusiones de los abogados defensores que exigían la libertad de los detenidos, sin embargo el Ministerio Público interpuso un recurso de apelación lo que retrasó el proceso 4 meses.

Por ello se solicitó el apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que a través del programa especial para la defensa de los derechos de Acceso a la Justicia y la excarcelación de presos indígenas.

«No se hizo justicia», redondea otro de los abogados, al precisar que pese a buscar todas las vías para obtener la liberación, Margarita, Celso y Juan cumplieron con la pena que les dictó el juez.

La madrugada del 16 de agosto, fue de fiesta en San Joaquín, sonó la tambora y se escucharon los fuegos artificiales, como si hubieran empatado las fechas, inició la feria de la comunidad, y muy de madrugada, retornaron a su hogar Margarita, Celso y Juan, después de más de mil días de ver el amanecer detrás de una celda.