Ex policías municipales de Pachuca demandan a la PGR

PACHUCA, Hgo., 20 de agosto.-El abogado Arturo Gil Borja, quien lleva la defensa de 40 ex policías municipales detenidos durante 2009 por su presunta vinculación con Los Zetas, informó que de los 200 oficiales detenidos, 60 ya se encuentran en libertad porque no se les pudo comprobar nexos con la organización criminal, y 40 de ellos iniciaron proceso penal contra la Procuraduría General de la República para que los indemnicen por daño moral.

Cabe recordar que durante la administración del presidente Felipe Calderón, la Policía Federal realizó la detención de 200 policías pertenecientes a la policía municipal de Pachuca, esto en el 2009.

Gil Borja expresó que sus defendidos iniciaron una demanda federal, pues se trata de un juicio federal que inicia con un recurso ante la propia PGR, con el fin de que la procuraduría reconozca que realizó un daño patrimonial y moral a los elementos de seguridad pública y tránsito tanto de Pachuca como de Mineral de la Reforma, que hace 5 años fueron detenidos y acusados injustamente e ilegalmente de crimen organizado, entre otros delitos.

Consideró que el gobierno de Felipe Calderón utilizó a los agentes como chivos expiatorios, “y su procuraduría, que dejó mucho que desear, pues han demostrado que sólo quisieron dar golpes mediáticos, pues lo único que pretendían era justificar una guerra contra el crimen organizado, pero se equivocaron, dando bandazos, en lugar de tener un trabajo de inteligencia, se la pasaron con un mismo testigo protegido acusando a muchas personas y ni las conocía”.

Explicó que lo grave radicó en el proceso judicial, “no es posible que personas que ganaban 5 mil o 10 mil pesos mensuales, de repente se queden sin un solo centavo para su subsistencia, pero además , para el juicio los detienen y se los llevan a Colima, pero curiosamente el juicio se lleva en Tabasco. Para poder pagar un abogado, para poder pagar los traslados y seguir el caso era difícil. Allí los jueces y los abogados de oficio hicieron una buena labor, el poder judicial al final cumplió con su labor y determino  que no habían elementos”.

Pronosticó que los 140 elementos que aún están en prisión van a seguir saliendo en libertad, en periodos de dos o tres meses, y van a ir saliendo por grupos.

Gil Borja calculó que en unos 8 meses el 80 o 90 por ciento de los detenidos saldrán en libertad por falta de pruebas.

“¿Y qué va a pasar? van a salir sin empleo, sin posibilidades de reintegrarse, porque ya no van a pasar los exámenes de confianza, derivado de que al haber estado presos, aún siendo inocentes, se queden sin trabajo”, lamentó.

Dijo que además son tachados por la sociedad, “los que han salido nos cuentan que sus vecinos e incluso su propia familia los tachan de delincuentes. ¿Dónde y cuándo consiguen empleo?”.

Explicó que las oficiales mujeres padecieron trastornos emocionales, los propios policías al ingresar a prisión fueron blanco de maltrato de los propios internos.

“Tuvieron que vender todo, algunos dicen porque mi familia me abandonó, o porque no tengo nada y vendí todo para subsistir”.

Por ello, demandan que la PGR responda como institución por el daño que provocaron sus anteriores titulares, y que lo hagan de manera pronta y expedita, pues esa gente no tiene incluso qué comer.

Hasta ahora, son 40 de los 60 que están libres los que han iniciado la demanda contra la PGR, pudiendo llegar hasta a 150 los ex policías que puedan emprender acción legal.

“Estamos pidiendo el pago de los salarios caídos durante estos 5 años, más lo que corresponde a daño moral, y la ley federal de responsabilidad patrimonial en el estado establece que el daño moral se puede tasar hasta en 20 mil salarios mínimos por persona, haciendo un cálculo, la PGR tendría que estar pagando a cada elemento policiaco entre un millón y medio o dos millones de pesos, según el caso”, detalló el abogado.

Gil Borja indicó que están pidiendo a la PGR tenga conciencia, que se ponga en los zapatos de la gente que fue acusada y que hoy ha demostrado su inocencia.

“Tenemos la firme convicción que aquí se tiene que indemnizar a esta gente que sufrió ese daño patrimonial y moral por responsabilidad del estado, por responsabilidad de la federación”, añadió el abogado defensor, y remató que de ser necesario, harán públicas las pruebas del caso, para acreditar la inocencia de los ex policías.