Exhiben a edil frente a funcionarios estatales; ‘corrupto’ le llaman

TULA DE ALLENDE, Hgo., 28 de octubre de 2015.- La noche de este martes, la agrupación política – social, A Favor de Tula, sostuvo una reunión con autoridades estatales encabezadas por el secretario de gobierno, Salvador Elguero Molina y el subsecretario Alberto Escamilla Vital, a quien pidieron frenar el robadero y la corrupción que impera en todos las instancias del gobierno municipal.

Con pruebas en mano y de frente al alcalde Jaime Jacobo Allende González, advirtieron a las autoridades estatales que si hacen caso omiso a las anomalías ocurridas en la alcaldía, iniciarán trámites necesarios para buscar el desafuero de Allende González, para que se le someta a una auditoría y posteriormente a un juicio político.

Dieron de plazo hasta diciembre próximo para ser atendidas sus propuestas, de lo contrario -dijeron- empezarán a actuar al margen de los conductos oficiales -que hasta ahora han querido respetar- iniciando los procedimientos conducentes.

Durante la mesa de diálogo presidida por Elguero y Escamilla, se denunciaron ‘corruptelas’ hechas o solapadas por el presidente municipal en más de cuatro años de gobierno; ante las evidencias el mandatario tulense no pudo refutar una sola de las acusaciones en su contra.

Se le reprochó lo referente a la inseguridad, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito que han tenido algunos de sus funcionarios e incluso familiares que lo acompañan en la gestión en funciones, el desvío de recursos que se hace de la Capyat para la campaña proselitista permanente del hijo del alcalde, Roberto Allende Trejo, así como

Además de la falta de transparencia en la administración pública, la tan inflada nómina de la alcaldía, que incluye, aseguraron, a más de 100 aviadores, la falta de obra pública y lo inflado de los costos de las que se han ejecutado; también cuestionaron que la mayoría de las obras se le asignen directamente a un familiar del presidente municipal.

Se le exigió el cese inmediato de algunos servidores públicos que integran su administración, como Rogelio Cruz Olguín que con un puesto de coordinador de bibliotecas percibe un salario de 38 mil pesos mensuales, además del director de Reglamentos, Adolfo Álvarez Templos y el juez conciliador Mario Rangel Macotela, quien tiene dos salarios, uno como coordinador de asesores por el que gana 48 mil pesos y otro como juez por el que cobra 23 mil pesos.

La reunión con las autoridades estatales se extendió por casi cuatro horas, tiempo durante el cual no cesaron las acusaciones, y en la que al final se entregaron dos oficios en los que se volvió a reconvenir al gobierno del estado que si no hace nada, vendrán las acciones independientes.