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PACHUCA, Hgo., 25 de julio de 2014.-Con el fin de construir una serie de propuestas para que se agreguen a la iniciativa de reforma al campo que impulsa el gobierno federal, las agrupaciones que integran el llamado Frente Auténtico del Campo (FAC) realizaron el primer foro regional en la ciudad de Pachuca Hidalgo.
Ante cerca de 2 mil integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA); la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc); la Federación Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (FIOAC) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) líderes campesinos y representantes de núcleos agrarios expusieron diversas problemáticas que vive el campo hidalguense y de otras entidades del centro del país que no han sido considerados en la iniciativa.
Álvaro López Ríos, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) denunció que con las nuevas reformas en materia energética, el gobierno federal pretende la desaparición de la llamada propiedad social al concesionar a las empresas dedicadas a la extracción de petróleo y minerales el que puedan ocupar tierras ejidales sin tener el permiso de los campesinos.
Comentó que la iniciativa no se atrevió a impulsar abiertamente una expropiación de la tierra para facilitar la extracción de recursos naturales, pero si buscan consumar la llamada Ley de Hidrocarburos.
Esta ley permite la ocupación temporal de terrenos ejidales para que sean explotados por empresas privadas ante lo cual hizo un llamado para organizar comités de defensa en los 32 mil ejidos y comunidades del país.
Sobre este mismo asunto Marco Antonio Ortíz Salas, dirigente nacional de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) denunció el impulso a los llamados «Contratos de Ocupación» temporal a ejidos, consistentes en permitir que empresas privadas a las que se les otorguen las concesiones para explotar petróleo o minerales puedan ingresar a cualquier predio, sea de quien sea, y extraer lo que hay en el subsuelo sin contar con el permiso del propietario.
Aclaró que los campesinos serán los dueños de la tierra, pero no de lo que hay en el subsuelo por lo que las empresas concesionarias a la explotación de recursos naturales podrán extraerlos sin ningún problema.
Edgar Álvarez, de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Economía Social, denunció que con los cambios de régimen fiscal que ha establecido el gobierno federal se quiere obligar pagar impuestos aquellos que a diferencia de los grandes empresarios desempeñan labores de subsistencia.
Explicó que las reformas hacendarias pusieron fin al régimen de pequeños contribuyentes y en su lugar se estableció el régimen de incorporación fiscal con el que pretenden tratar a los trabajadores del campo como si fueran grandes capitalistas.
“Con el régimen de incorporación toda persona, por el hecho de tener un título universitario o tener un negocio, un changarrito se ve obligado a emitir facturas electrónicas, llevar una contabilidad, contratar a un contador y pagar impuestos” señaló.
De esta situación no quedan excluidos los productores del campo “muchos de los cuales viven en localidades donde ni siquiera hay internet para poder subir a la página de la Secretaría de Hacienda la contabilidad de sus exiguos ingresos y mucho menos tienen dinero para pagar a un contador o emitir facturas electrónicas”
Este ordenamiento, advirtió está provocando el cierre de varios negocios de subsistencia.
Otros temas que se trataron fue el de la importancia de impulsar una agricultura campesina y familiar como parte fundamental con la que se reoriente la política pública para el campo; también la creación de un banco agropecuario; que el 70 por ciento de los recursos del Presupuesto Especial recurrente sea para productores de cero a cinco hectáreas.
La necesidad de que el estado tenga una empresa, dependiente del gobierno o que sea mixta para la venta y distribución semillas, fertilizantes e insumos para que ya no se siga dependiendo de empresas transnacionales que tienen el control de los precios de los mismos entre otras demandas fueron otros de los aspectos que se discutieron.