Profepa y Semarnat encubren negocios de ex alcaldesa de Zimapán

PACHUCA, Hgo., 11 de agosto de 2015.- Un grupo de habitantes de la comunidad de San Miguel perteneciente al municipio de Zimapán, externaron su rechazo a la construcción de la presa de desechos tóxicos “número dos”, exigiendo la cancelación del permiso el cual es operado por los propietarios de la minera El Espíritu, unidad el Sabino, ya que han aumentado de enfermedades en niños y adultos mayores por las descargas de metales pesados.

Alejandra Rojas Álvarez integrante de la agrupación social denominada Comisión Ciudadana de Ecología, acusó que a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no han hecho nada por revocar estos permisos para la instalación de esta presa de desechos tóxicos, la cual es propiedad de la ex presidenta municipal de Zimapán, Rosalía Gómez Rosas.

“Se tienen registros sobre personas que han muerto por acumular grandes cantidades de plomo en la sangre y acrecentaron las enfermedades respiratorias” agregó.

Narró que en donde viven 25 familias se encuentran rodeadas de dos presas, la número dos se le pidió al presidente municipal, Carlos Ortiz en enero del año pasado que no se construyera, ya que se contaba con una presa que aunado con los jales, desechos de metales pesados, cianuro, plomo y arsénico se ha vuelto un problema de salud pública para la población de San Miguel.

Sin embargo estas empresas son propiedad de la familia de la ex alcaldesa Rosalía Gómez Rosas situación por la que no se prohíbe el permiso denunciaron los habitantes.

“La Profepa no cuenta con los permisos, eso nos dijeron hoy que venimos a solicitar información de la operación de esta presa (la número dos) que lleva en función un mes y medio”.

Detalló que desde hace años existe otra presa en donde están los desechos tóxicos, la primera es un montículo de 80 metros que esparce polvos y olores; una más, nos están contaminando sin contar que tenemos otras empresas en los alrededores que ponen en peligro la salud, por lo que exigieron la cancelación de la operación de la segunda presa.