PACHUCA, Hgo., 5 de abril del 2021.- Ineptitud y desinterés de las autoridades hacen que, a dos años y medio del linchamiento y asesinato de un agente del Ministerio Público en el municipio de Metepec, se mantenga impune, sin rumbo ni claridad para su familia que busca justicia y paz a la memoria de Alberto Vargas, víctima de estos hechos.

Apenas el 27 de marzo, se cumplieron 18 meses desde que se perpetuó uno de los acontecimientos más polémicos y violentos en tiempos recientes en Hidalgo, cuando una turba de pobladores arremetió contra cuatro personas, a las cuales acusaron de “robachicos”, golpearon con frenesí y sin compasión, entre los cuales, a uno se le roció con combustible y se le prendió fuego, hecho que le causó la muerte a Alberto.

Tras estos hechos, se desmintió la acusación contra los individuos, dando por hecho que se encontraban en la hora y lugar equivocados, este “gran malentendido” fuera de lo lamentable, no ha tenido los cauces legales propios de una investigación, por el contrario, se ha demostrado una pasividad y hasta una preocupante apatía para resolver el caso y poner a los responsables ante la ley por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo.

Lo anterior se refleja en el que uno de los jueces manifestó al MP a cargo que desde el 28 de septiembre y hasta el día de la audiencia de uno de los presuntos implicados -esto entre el 22 al 26 de enero del presente 2021- no habían ejercido su facultad, la de investigar, preponderando negligencia de la autoridad por seguir la línea de investigación y de robustecer las indagatorias para dar claridad al caso, esto de acuerdo a datos proporcionados por la defensa que lleva el caso a cargo del Despacho Díaz.

A pesar del llamado del representante judicial a tomar cartas en el asunto por la notable inmovilidad del MP, la parte defensora acusa que mantiene oídos sordos en un intento de que la familia acabe por agotarse y parar sus intentos por continuar el proceso.

Lo anterior implica para la defensa y familia de Alberto a tomar más medidas judiciales para obligar a la PGJE a accionar y dar celeridad a la investigación, en una clara postura de llegar hasta las últimas consecuencias.

De 12 sólo uno

Durante la entrevista con el señor Leopoldo Manuel Vargas Vargas padre de Alberto, es evidente su malestar por la situación que mantiene congelado el asunto que llegue a dar justicia a la memoria de su hijo y aún más que dentro de las 12 órdenes de aprehensión otorgadas para llevar ante juzgados a los presuntos responsables, sólo 3 se ejecutaron, éstas a su vez con resultados que caen en lo burlesco.

Lo anterior, al grado de que los 3 detenidos, dos ya salieron y sólo uno se mantiene como imputado en el Centro de Reinserción Social de Tulancingo, que es el caso de Sergio N, alias “lagrimita”, para el cual se estancó su audiencia ante la promoción de un amparo a su favor, del cual falta su contestación.

Los otros dos casos corresponden Guadalupe N, presunta implicada en los hechos del 27 de septiembre durante el linchamiento, cuya situación, de acuerdo con la juez de control José de Jesús Vázquez Contreras desestimó su implicación en los hechos al no contar con datos probatorios que la vinculen con el linchamiento, escenario donde se acentuó que el MP no investigó lo suficiente a poco más de 2 años de los acontecimientos de Metepec.

Y finalmente el tercer aprehendido corresponde a la figura de Joel Huazo Canales, actual presidente municipal de Metepec.

En esta audiencia, la autoridad judicial consideró que las pruebas y señalamientos fueron muy generales como para considerar que tuvo una implicación clara en la agresión de las 4 personas linchadas ese 27 de septiembre, sino que reviró las acusaciones, al expresar que él auxilió a los agredidos.

Mientras que de los restantes 9 no se ha ejercido la orden de aprehensión, al tiempo que el testigo clave para la indagatoria de estos hechos, no es localizado por el MP ni la defensa, ya que esta persona se le indica como aquel que sabe los nombres y apellidos de los restantes personajes que deben pasar a comparecer.

Dudas

Sobre la figura del actual alcalde de Metepec, el padre de Alberto consideró que él como su defensa observa un conflicto de intereses y hasta una protección a la figura de Huazo Canales con fines políticos.

Sobre esta hipótesis acentúa que, en la audiencia de éste, se hicieron presentes José Enrique Medina Montiel director general de Investigación y Litigación Región Oriente y también encargado de la Dirección de Control de Procesos; así como Víctor Ariel Pérez Benítez en su calidad de subprocurador de Procedimientos Penales Región Poniente, mientras que, en las demás audiencias, los funcionarios ya no hicieron acto de presencia.

Esto, generó la suspicacia del porqué del acompañamiento en el exclusivo caso de Huazo Canales por parte de estos dos funcionarios de alto nivel de la PGJE.

Abunda que, en dicho caso, el mismo defensor de Huazo Canales fue el que llevó el caso de las otras personas aprehendidas, es decir, que está patrocinando su defensa, a lo que les generan más dudas del porqué llevar los mismos abogados y tomar la responsabilidad de defenderlos por el linchamiento, lo que pone en tela de juicio si se trata de mantener la complicidad y evitar que ciertas declaraciones o testimonios terminen con comprometer el munícipe.

Lo que tiene claro don Leopoldo es que se trata de un asunto con tintes políticos para beneficiar a Huazo Canales y que presuntos asuntos turbios salgan a la luz que pudiese comprometer a otros personajes, esto de acuerdo a la interpretación del padre de Alberto.

Llevarlos de nuevo ante la justicia

Durante todo el transcurso en el que la acción de la procuraduría a cargo de Raúl Arroyo González ha carecido de toda efectividad e interés para atender el caso de uno de los suyos, la defensa a cargo de la firma jurídica Díaz obtuvo el amparo indirecto 64/2020 ante el Juzgado Primero de Distrito en Pachuca.

Si bien la declaración de la jueza Bertha Patricia Orozco Hernández precisó que es evidente la violación a los derechos de la víctima por la nula actividad en el mandamiento de captura por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Personas Detenidas, así como la Policía Investigadora, todas de Tulancingo, ésta no obliga a los responsables a forzar a la ejecución de la aprehensión.

A raíz de la sentencia de amparo, se contemplan 30 días para que las partes involucradas cesen su conducta omisa, ordenen, practiquen todos los actos, medidas y gestiones para cumplir a las órdenes de aprehensión dictadas en audiencia del 4 de octubre de 2018.

Es de este modo, que se busca que de nueva cuenta pasen a dar declaración tanto Huazo Canales ahora en su calidad de alcalde de Metepec, así como la persona que ya salió y las restantes de las cuales no se les ha presentado ante tribunales, cuestión que no ha sucedido ni tenido respuesta desde noviembre de 2020.

Apuntan que después de todas estas vicisitudes y viacrucis se pueda sacar un punto positivo, el de generar jurisprudencia sobre estos acontecimientos y que otra familia y situación de este tipo sea ignorada por las autoridades a cargo de esclarecerlas para el apoyo jurídico contra actos de omisión de los que se encargan de procurar la justicia.

En la charla, la intención de la familia y la defensa es decisiva, no dejar morir el caso y llegar hasta las últimas consecuencias, por lo que a pesar del cansancio y las múltiples barreras interpuestas por la propia PGJE en la que trabajó Alberto, no cambian su fe en poner ante los ojos de la justicia a los responsables del asesinato y acto seguido, poner ante tribunales a las autoridades omisas e impávidas que hacen que al día de hoy no exista justicia para Alberto.