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ACTOPAN, Hgo., 29 de junio de 2026.- Lo que comenzó como una medida de emergencia para enfrentar una crisis sanitaria terminó convirtiéndose en uno de los conflictos ambientales más delicados que enfrenta actualmente el municipio de Actopan, ante la indiferencia de la presidenta municipal, Imelda Cuéllar Cano, quien se mantiene omisa.
Han pasado cerca de tres años desde que el municipio perdió su relleno sanitario y, hasta la fecha, continúa sin contar con un sitio de disposición final que cumpla con las condiciones ambientales necesarias. Mientras tanto, el predio ubicado en la comunidad de La Estancia, que originalmente sería utilizado únicamente como centro de traspaleo (transferencia), hoy concentra cientos de toneladas de residuos sólidos, situación que mantiene preocupados a habitantes y ejidatarios por los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente.
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La problemática comenzó en 2023, cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) clausuró el entonces relleno sanitario ubicado también en La Estancia, al no cumplir con la normatividad ambiental. La decisión dejó a Actopan sin un lugar donde depositar las cerca de 40 toneladas de basura que diariamente genera el municipio.
Las consecuencias fueron inmediatas: el servicio de recolección quedó suspendido por dos semanas, acumulando desechos en las calles y desatando protestas de recicladores y pepenadores. Para resolverlo, el gobierno local —encabezado en ese momento por la alcaldesa Tatiana Ángeles Moreno— concretó un convenio para trasladar los residuos al relleno sanitario de El Huixmí, en Pachuca.
Para facilitar la logística, se dispuso de un terreno de 11 mil metros cuadrados en La Estancia como centro de transferencia temporal. La idea era que las góndolas cargaran la basura constantemente para llevarla a Pachuca o a Tula de Allende, evitando su acumulación.
La falta de un espacio propio impactó directamente las finanzas públicas. En 2023, el cabildo tuvo que autorizar alrededor de 10 millones de pesos exclusivamente para cubrir el costo anual del flete y traslado de los desechos hacia otros vertederos, un gasto imprevisto que no solucionaba el problema de fondo.
Durante el resto de su gestión, Tatiana Ángeles Moreno —actual diputada federal— presentó cinco propuestas de predios a la Semarnath, pero ninguna obtuvo la viabilidad ambiental requerida, por lo que su administración concluyó sin un nuevo proyecto consolidado.
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Con la llegada del gobierno de Imelda Cuéllar Cano, las autoridades prometieron a los ejidatarios mantener el sitio estrictamente como centro de transferencia provisional. Sin embargo, la realidad fue distinta.
De acuerdo con Alejandro Hernández Galarza, uno de los 18 parcelarios afectados, las góndolas dejaron de acudir con la frecuencia necesaria hasta desaparecer, convirtiendo el lugar en un tiradero a cielo abierto a escasos metros del tradicional tianguis de La Estancia, el pabellón gastronómico, el mercado de animales y la unidad deportiva.
La proliferación de fauna nociva y los olores fétidos alcanzan ya a las localidades de:
La mayor preocupación: A escasos 180 metros del tiradero se ubica un pozo de abastecimiento de agua potable. Los ejidatarios advierten que la falta de infraestructura especializada —como geomembranas, sistemas de captación de lixiviados (líquidos de descomposición) y manejo de gases— representa un riesgo inminente de filtración hacia los mantos acuíferos.
Hernández Galarza aseguró que han acudido a más de diez audiencias ciudadanas con la alcaldesa Imelda Cuéllar Cano sin recibir una solución concreta. Esto a pesar de que los propios ejidatarios le han propuesto terrenos alternativos en zonas altas y alejadas de la mancha urbana, específicamente en las comunidades de El Saucillo y Canguihuindo.
La mandataria ha rechazado estas opciones argumentando que busca un espacio más cercano y asegurando que ya cuenta con un predio autorizado, aunque no ha revelado su ubicación ni la fecha en que comenzará a operar. Mientras tanto, el terreno provisional sigue saturándose, incrementando un riesgo ambiental que la comunidad ya no está dispuesta a tolerar.