Advierte diputada, retroceso al eliminar delito de reclutamiento infanti

PACHUCA, Hgo., 24 de marzo de 2026.- Durante la reciente Sesión Ordinaria del Congreso del Estado de Hidalgo, la diputada Karla Perales, integrante del grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, manifestó su firme rechazo ante la propuesta de derogar el delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, calificando la iniciativa como un "grave retroceso" en materia de derechos humanos.

La legisladora recordó que este tipo penal no fue una ocurrencia, sino que fue aprobado en 2023 por la LXVI Legislatura tras un riguroso proceso de análisis. En dicho consenso participaron instituciones de alto nivel como la Procuraduría General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia y organismos internacionales como World Vision México.

Una decisión política, no técnica

Perales enfatizó que la normativa vigente cuenta con un sólido sustento técnico y que intentar invalidarla bajo el argumento de errores previos es, en realidad, una decisión política que vulnera la seguridad de los menores en la entidad.

“No es un error técnico: es una decisión política que debilita la protección de la niñez”, afirmó la diputada desde la tribuna.

Los riesgos de la derogación

La legisladora subrayó que eliminar esta herramienta jurídica violenta principios fundamentales como:

• El interés superior de la niñez.
• El principio pro persona.
• La progresividad de los derechos humanos.

Asimismo, desmintió que el tipo penal invada competencias federales. Según Perales, la ley fue diseñada con precisión jurídica para no interferir con delitos como la trata de personas o la corrupción de menores, permitiendo que las autoridades locales actúen como primeros respondientes sin excusas competenciales.

Un llamado a la justicia

Finalmente, la diputada hizo un exhorto a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia para que retome los análisis de organizaciones especializadas. Concluyó con un mensaje tajante: “Para mí, la niñez no es negociable”, asegurando que mantendrá la batalla legislativa para evitar que se generen vacíos legales que dejen desprotegidas a las víctimas frente a la delincuencia organizada.