Aprueba ciudadanía otorgar facultades a fuerzas armadas en SP: encuesta

PACHUCA, Hgo., 20 de marzo de 2017.- Casi el 70 por ciento de la población considera idóneo que se le otorgue a las fuerzas armadas las mismas facultades de seguridad que a los cuerpos policíacos a fin de tener una óptima tarea en el combate al crimen organizado, revelo la encuesta sobre Ley de Seguridad Interior.

El ejercicio de opinión que empleó el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados expuso que del público encuestado vía telefónica en todo el país, el 68.4 por ciento consideró que es aceptable que la Ley de Seguridad Interior propicie las mismas facultades al ejército y marina como las que tiene hoy en día las corporaciones de seguridad, dígase las instancias policíacas.

A pesar de la aceptación del público, un 59 por ciento dijo desconocer que actualmente en la Cámara de Diputados se efectué el análisis y discusión de esta iniciativa, misma que regula el actuar de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.

De igual forma, los encuestados señalaron que es accesible que las fuerzas armadas ocupen labores de investigación como Ministerio Público, además de que ambas instancias pueden coordinarse en estas labores.

El 77.3 por ciento del público abundó que es bueno otorgar la autoridad al ejército y marina para la lucha contra el crimen organizado, quedando al par que los cuerpos policíacos federales, estatales y municipales, ya que los primeros con su presencia ayudan a la mitigar la delincuencia.

Un 55.6 por ciento manifestó que las tareas del combate del crimen organizado sí corresponden a las fuerzas armadas, mientras que el 41.3 por ciento considera que esa es labor de las policías, punto que refleja en parte la desconfianza ante la seguridad municipal y estatal, principalmente.

En otro punto de la encuesta enmarca que el 45.6 por ciento considera que una probable aprobación de esta ley no contraería vulneraciones a los derechos humanos, cuestión que contrasta por poco con quienes señalan lo contrario, lo cual se refleja en el 43.6 por ciento.

Si bien la mayoría opina que atribuirle las facultades de seguridad pública a las fuerzas armadas no contraerá lesiones a los derechos humanos, el 55 y 74 por ciento manifestó que está en desacuerdo con que estos entes intervengan comunicaciones privadas para investigaciones y pueda repeler manifestaciones por la fuerza, cuestiones que son derechos de los ciudadanos.