Batea Senado reforma a ley de Comunicación Social

PACHUCA, Hgo., 25 de abril de abril de 2023.- El Senado de la República aprobó por unanimidad que finalmente sean los ayuntamientos, demarcaciones territoriales y entidades federativas sean quienes determinen el tope o límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social.

Después de las diversas inconformidades surgidas a partir de la promulgación de un decreto publicado a finales de diciembre de 2022, cuya reforma a la Ley General de Comunicación Social en su artículo 26 limitaba al 0.1 por ciento de su presupuesto para destinarlo a tareas de contratación o divulgación en medios de comunicación de las acciones de gobierno, este día en la Cámara Alta del Congreso de la Unión corrigió esta medida.

Esta disposición, que comprendía parte del denominado Plan B por parte del Gobierno de la República primero dio un giro tras la promoción de amparos debido a que vulneraba la libertad de expresión a la vez que, se entrometía en las facultades de autonomía que posee cada entidad y municipio.

Tras su modificación del párrafo en polémica que limitaba al 0.1 por ciento el presupuesto a aplicar en comunicación social en la Cámara de Diputados, ahora la ratificación del mismo se dio en el Senado.

Ahora el artículo en discordia se encuentra redactado bajo el argumento de que “las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 Bis de esta ley”.

En su momento, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se pronunció en Pachuca en su visita para hablar del tema durante su presentación en la Semana del Periodismo México 2023 que el decreto no tenía vigencia y conminó a las alcaldías a “ser valientes y no timoratos en defender su autonomía”, ante la limitante que establecía este decreto.

A su vez, se dijo en aquella ocasión, convencida que este decreto invade las competencias de los municipios, quienes son los únicos que tienen el derecho a operar y administrar sus recursos, de ahí que tenga un carácter inconstitucional.

A su vez, calificó al magistrado Alberto Pérez Dayan como valiente al admitir esta suspensión, y pidió imponer este mismo valor a las alcaldías que son las principales afectadas, pues de lo contrario el día de mañana “el presidente va a decidir que les quita el dinero, así con la mano en la cintura”, por lo que criticó a los ayuntamientos que no interpusieron esta controversia o se ampararon por timoratos y miedosos, lo que permitiría a ir cediendo la soberanía municipal.

En sus impresiones, Gálvez Ruiz señaló a esta reforma a la Ley General de Comunicación Social como un retroceso, donde pretende regresar el poder absoluto a un hombre, esto por medio de una conferencia matutina del presidente López Obrador como único difusor.