Recorte federal de 5 mdp afectó presupuestalmente a alcaldía de Tula
PACHUCA, Hgo., 20 de febrero de 2018.- Durante la gestión de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y actual titular de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga se presume el desvío de más de mil 311 millones de pesos en varios contratos, entre ellos uno relacionado con Radio y Televisión de Hidalgo en el 2014.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó dicho recurso desviado de recursos ejercidos durante 2014 y 2015, años en el que Robles se hacía cargo de la Sedesol, de acuerdo con lo publicado por el diario Reforma en su edición de este martes.
En lo respectivo a Desarrollo Social, la Auditoría Superior encontró este desfalcó a través de un Convenios de Coordinación, Colaboración y Acuerdos Específicos Suscritos con la Administración Pública Federal para el Desarrollo de Diversos Proyectos, Adquisiciones y Otros Servicios, realizado con el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, firmado entre 2014 y 2015, durante la administración del ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, actual delegado del PRI en la Ciudad de México.
La irregularidad se documenta a través de una auditoría forense bajo el número 17002, bajo el sector de los Ramos Generales 22 del Instituto Nacional Electoral así como del 33 correspondiente al de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Por otra parte se señala el convenio y contratos de la Sedatu con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social firmados en julio, septiembre y octubre de 2015.
La ASF señaló que la Sedesol y la Sedatu firmaron convenios con estas entidades para eludir los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ambas dependencias durante el periodo de Robles, subcontrataron a 84 proveedores, de los cuales al menos 13 resultaron ser empresas fantasmas.
Las auditorías donde se enmarcan dichas irregularidades son las D17002, D17011 y D17012, concluidas el 19 de enero y su realización fue autorizada por el auditor superior en marzo, julio y agosto del año pasado, tras recibir denuncias sobre estos ilícitos.
Ahora las auditorías se entregarán a la Cámara de Diputados y si los entes fiscalizados no pueden desvirtuar las irregularidades, la ASF podrá interponer una denuncia ante la PGR.