Exdirectora del IDA logra abrir juicio contra estudiantes
PACHUCA, Hgo., 6 de noviembre del 2020.- Ante la falta de elementos que acrediten que obras enmarcadas en el programa Escuelas al CIEN se concluyeron en tiempo y forma es que el gobierno de Hidalgo tiene que solventar el rumbo de más de 7 millones 700 mil pesos.
Bajo la Auditoría De Cumplimiento 2019-A-13000-19-0826-2020 de la inspección de la Cuenta Pública 2019 en su segunda entrega, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso de recursos transferidos al estado de Hidalgo de este dinero que se centra en la mejora en infraestructura y servicios de los institutos de educación del país.
La revisión que comprendió la verificación de los recursos del Programa Escuelas al CIEN aportados por el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Distribución de Recursos No. 2242 (FIDEICOMISO 2242) del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), verificó el 93.8 por ciento de los 405 millones 414 mil pesos que recibió Hidalgo para este fin.
En la inspección, la ASF determinó que el estado de Hidalgo incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente por la falta de elementos que acrediten que las obras fueron terminadas dentro de los plazos legales y de los documentos que acrediten la entrega de los bienes adquiridos.
Situación que a decir del máximo órgano fiscalizador del país, estas observaciones generaron un incumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
De este modo, se presume, un daño a la hacienda pública por 7 millones 795 mil 472 pesos provenientes de este fideicomiso 2242 del programa de Escuelas al CIEN, de los cuales cabe aclarar, el gobierno de Hidalgo esta aún pendiente de poder aclarar ante la ASF.
Otros de los puntos que emitió la ASF a Hidalgo por este tema es que el Instituto Hidalguense de la Infraestructura Física Educativa (INHIFE), como órgano ejecutor, no realizó auditorías internas de los procesos sustantivos y adjetivos del componente de administración de riesgos.
A lo que se suma, la carencia de un documento donde se establezcan las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la institución en materia de fiscalización.