Corrupción en el Infonavit: Murat acusa a Penchyna
PACHUCA, Hgo., 1 de junio de 2017.- La secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental, Citlali Jaramillo, entregó la propuesta del Ejecutivo de leyes secundarias para el Sistema Estatal Anticorrupción, las cuales deberán ser analizadas y aprobadas por el Congreso local antes del 18 de julio.
La iniciativa de reforma (general) para conformar el esquema en Hidalgo fue aprobada el 6 de abril del año en curso, la cual incluye reducir el periodo de fiscalización de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH), sanciones a particulares que incurran en actos indebidos y el nombramiento de un fiscal especial anticorrupción.
La diputada María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, recordó que el 27 de mayo de 2015 se implementaron las reformas que sientan las bases a nivel nacional para prevenir y perseguir actividades ilícitas relacionadas con el uso indebido de recursos, posteriormente aprobadas el 6 de julio de 2016.
Percy Susana Cravioto Luna, presidenta del Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, entregó la iniciativa de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y crea la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa.
La dependencia, dijo, «será competente para juzgar a quienes cometan faltas administrativas consideradas como graves, no sólo contra servidores, sino contra particulares».
El procurador Javier Ramiro Lara Salinas señaló que la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción establece una instancia «dotada de autonomía operativa técnica y con la posibilidad de hacer su presupuesto de egresos».
La titular de la Contraloría mencionó que la propuesta del Ejecutivo es diferente porque ahora existe un marco normativo en materia de transparencia, disciplina financiera y protección de datos.
«Es una herramienta porque nos da fuentes y el objetivo es desactivar redes de corrupción», dijo y adelantó que se emitirá una convocatoria para la creación de un comité ciudadano que forme parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
El secretario de Gobierno de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, señaló que aunque exista el andamiaje jurídico, la problemática seguirá si no existen denuncias por parte de instancias y ciudadanos.