Nuevamente detuvieron a extesorera de Tlaxcoapan
PACHUCA, Hgo., 27 de Septiembre del 2016.- Integrantes de la Asociación contra la corrupción de servidores públicos, exigieron la destitución de trabajadores de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), tras acusar que no integraron de manera inadecuada los expedientes en diversos delitos, así como fabricar culpables y aplazar la justica.
Los inconformes son familiares de víctimas de diversos delitos, como María Eva López Castro, quien acudió con su nieta de 13 años a denunciar una agresión sexual en el juzgado primero de lo penal en Tulancingo.
La niña que estudiaba primero de secundaria y fue agredida sexualmente por su vecino y quedó embarazada, por lo que a punto estuvo de suicidarse.
Cuando denunció para buscar la posibilidad que se interrumpiera el embarazo, la respuesta fue que había pasado tiempo, la joven debía tener marcas visibles en su cuerpo y presentar una prueba como el líquido seminal del agresor.
Finalmente se inició la carpeta, se detuvo al inculpado, pero el secretario Juan Manuel García Hernández del juzgado primero penal de Tulancingo le pidió 15 mil pesos, para presentarle a un buen abogado que llevara el caso, de lo contrario la amenazó con que ella y la víctima irían a la cárcel. El caso de la nieta de María Eva derivó en la causa penal 79/2016.
En caso de Ana Itzel la PGJEH no sigue otras líneas de investigación
También quienes son miembros de esta asociación son los padres Ana Itzel Escamilla Téllez, una adolescente de 14 años, asesinada en 2014, y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un lote baldío en el municipio de San Agustín Tlaxiaca.
Por este caso su padre Juan Carlos Escamilla Rodríguez pasó dos años en prisión luego de que fuera señalado como el responsable de la desaparición, violación y muerte de su hija.
El juez Porfirio Austria Espinoza fue quien realizó un análisis ilegal advirtió un juez federal, razón por la que el pasado mes de junio, Juan Carlos, fue liberado por falta de pruebas en su contra, la PGJEH apeló esta sentencia por lo que hasta este momento no se ha iniciado otra línea de investigación que les ayude a localizar al asesino de la niña de 14 años.
Durante estos dos años, Janeth Tellez la madre de Ana Itzel, narra que existió acoso hacia ella y su familia. Incluso por estos hechos acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) y se documentó en la queja VG-1887-14, en donde también se señala a Valentín Vázquez Baños, por presunta tortura y fabricación de pruebas.
El padre de Ana Itzel señaló que tras las golpizas que le propinaron agentes de la Coordinación de Investigación perdió el oído. También culpó a Cuauhtémoc Granados, director de Averiguaciones Previas de la PGJEH, de integrar de manera errónea el caso.
Otra de las personas integrantes de esta asociación es Iris Joselin Martínez Ortega, a quien su ex pareja Daniel Amador Pérez mató a su hijo de dos años, luego que ella le pidiera separarse.
A pesar de que Amador Pérez está confeso desde hace dos años y ocho meses, no existe una sentencia. La madre de la víctima detalló que el abogado defensor de su ex pareja es familiar del juez Porfirio Austria Espinoza adscrito al Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (PGJEH).
Al respecto el procurador de justicia, Ramiro Lara Salinas exhortó a realizar la denuncia correspondiente y que los inconformes ofrezcan pruebas de sus acusaciones, mientras que el gobernador Omar Fayad Meneses, se comprometió a recibir a los familiares de estas víctimas para conocer los casos.