Otorgan amparo a exalcaldesa de Pachuca
PACHUCA, Hgo., 24 de mayo de 2019.- La investigación no se terminó ni existen responsabilidades canceladas, aseguró el procurador de justicia de la entidad, Raúl Arroyo González respecto al caso de la persona que no se vinculó por parte de la autoridad judicial por su presunta responsabilidad en el linchamiento de una persona en el municipio de Metepec.
Después de que a consideración de la autoridad judicial que el Ministerio Público no aportó los elementos suficientes lo que implicó que el presunto responsable J.H.C. salió del Centro de Reinserción Social de Tulancingo el pasado 27 de abril, el encargado de la procuración de justicia en Hidalgo puntualizó que el proceso no ha terminado.
Arroyo González refirió que contrario a lo que se piensa con la decisión judicial de no vincular a esta persona aprehendida el pasado 22 de abril, esto sólo implica que la PGJE tendrá que aportar más elementos como es su obligación para continuar con el proceso iniciado.
Por lo cual subrayó que la investigación continúa abierta, y si bien se encuentra en libertad esta persona, no quiere decir que se cancelaron las posibles responsabilidades, por lo que nadie está exonerado de nada.
Los hechos se derivaron el pasado 27 de septiembre, cuando pobladores de Metepec retuvieron a cuatro personas, a las cuales golpearon presuntamente tras intentar secuestrar a niños de aquella región.
En aquella ocasión un hombre que después se supo, era agente de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, perdió la vida a causa del linchamiento, mientras que otros tres resultaron gravemente heridos.
Amparado
Respecto a la investigación que gira contra el ex diputado federal Cipriano Charrez por su presunta responsabilidad en la muerte de un joven en Ixmiquilpan en un choque automovilístico, el procurador refirió que el político encuentra amparado.
Es de este modo que ante la tramitación del recurso legal, es que no se han emprendido acciones contra él, según señaló Raúl Arroyo.
Por tal motivo están parados en cualquier medida que se pudiera emprender contra el ex legislador federal, como una posible orden de aprehensión o presentación por el caso antes mencionado.