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PACHUCA Hgo., 16 de octubre del 2018.- Por presuntos actos de corrupción y abuso de autoridad cinco funcionarios estatales, tres de ellos de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo fueron denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción, según consta en la carpeta FEDC/UNIDAD III/0010/2018 cuya copia obra en poder de Quadratín.
Carlos Trejo Méndez director general de la coordinación dependiente de la Secretaría de Gobierno, así como el delegado de Gobernación en los municipios de Mineral del Chico y del Monte Martín Trejo Méndez, José Juan Gerardo Fonseca Rodríguez y Humberto Pérez Oviedo de la dirección jurídica del gobierno estatal fueron denunciados ya que presuntamente utilizan sus influencias para despojar de un terreno de 60 hectáreas a una familia de Real del Monte, lo que incluso ya provocó un enfrentamiento con los pobladores.
De acuerdo con la denuncia iniciada ante la Fiscalía Anticorrupción, en julio pasado una agente de bienes raíces identificada como Guadalupe Méndez Téllez recibió una llamada de Carlos Trejo Méndez funcionario de la Secretaría de Gobierno, pero se hizo pasar como “socio de personas de Televisa” y quien andaba buscando un terreno en Real del Monte de aproximadamente 60 hectáreas.
La agente de bienes raíces contactó a Alfonso Montalvo propietario de predios en la comunidad de San Felipe Pueblo Nuevo en Mineral del Monte pero como no cubría el número de terreno que requería el servidor público, le comentó a una de sus hermanas que había una persona interesada en comprar varias hectáreas.
“El señor Carlos Trejo Méndez insistía en ver la documentación para enseñárselas a sus socios y poder concretar el negocio, para lo cual la señora Guadalupe le menciona que todo estaba en orden y que se los mostraría posteriormente e insistía en que le ensañaran bien los puntos y colindancias”, señala en su denuncia la agraviada.
Posteriormente -prosigue- un hombre identificado como Martín Mauricio Méndez Meneses vía telefónica también manifestó su intención de adquirir el terreno, incluso hicieron una cita para verlo personalmente y el día establecido este sujeto llegó en compañía del propio Martín Trejo y nuevamente insistieron en ver los papeles del terreno, lo cual comenzó a despertar sospechas entre la agente de bienes raíces.
En la querella sale a relucir el nombre del presidente municipal de Mineral del Monte, Jaime Soto Jarillo quien se estaría apoyando para cometer el despojo, ya que Martín Trejo Meneses (quien por cierto se ostenta como primo del gobernador Omar Fayad), le pidió que le ayudara a escriturar un terreno porque solo tenían un testamento para reclamar la propiedad y al parecer “ya había un segundo dueño” a lo cual el edil accede y los envía con la juez menor conciliador Maribel Serrano y con el director de Catastro “El ingeniero Roa” quienes se comprometieron a sacar la documentación solo “por tratarse de gente de gobierno”.
Como parte del plan, la gente del presidente municipal recomendó a los funcionarios de gobierno que colocarán en dicho predio letreros con la leyenda de “Propiedad privada” y “No se vende”, y así lo hicieron.
Además, desde la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo donde apenas hace 3 meses fue nombrado Raúl Arroyo González, se inició la carpeta de investigación 12-2018-12825 por el delito de despojo en contra de los legítimos dueños del terreno, la cual fue iniciada por Julia Martha Ortíz Aguirre y quien curiosamente era representada legalmente por Humberto Pérez Oviedo funcionario de la dirección jurídica del gobierno estatal.
“Al seguir mis investigaciones me refieren que mejor deje las cosas en paz, que el señor Martín Mauricio Méndez Meneses es yerno de la señora Julia Martha Ortíz Aguirre supuesta heredera mediante un testamento de 1994 y que nunca promovieron juicio sucesorio testamentario, nunca han ido a la comunidad, nadie sabe la existencia de estas personas, no tienen escrituras, no hay identidad de predios”.
La acción de los funcionarios estatales provocó un enfrentamiento con vecinos del lugar en septiembre pasado, donde uno de ellos fue agredido cuando supuestamente realizaban “un levantamiento para un proyecto productivo de ese terreno” y amenazaron a los inconformes con “quitarles sus terrenos sino los dejaban trabajar”. Aquella ocasión se inició la carpeta de investigación 12-2018-14456 por el delito de lesiones.