Disputarán este miércoles Real Madrid y Pachuca la Copa Intercontinental
PACHUCA, Hgo., 8 de febrero de 2018.- La presidenta de la constructora SYLMA, Silvia Rico Moreno negó la existencia de algún conflicto de intereses en el otorgamiento de permisos a su empresa en la que relacionan estos supuestos beneficios a la relación familiar con Marco Antonio, ex funcionario y Benjamín Rico Moreno, colaborador de alto nivel de la actual administración estatal.
En conferencia de prensa, la empresaria realizó la convocatoria para exponer lo que señaló como la verdad de estos hechos en los cuales el ciudadano Leonardo García Cortés denunció las malas obras emprendidas por esta constructora en el fraccionamiento Esmeralda, mismas que ahora lo tienen bajo proceso por el presunto delito de difamación, interpuesto por la empresa de Silvia Rico Moreno.
En este caso que causo se indagara la existencia de dádivas a esta empresa de la familia Rico Moreno, la propietaria de la constructora puntualizó que en ningún momento por medio de su hermano Marco Antonio, ex subsecretario de Obras Públicas de Hidalgo, se dieron licencias de operación.
Lo anterior, subrayó, ya que la autorización para el ayuntamiento se dio por parte de las autoridades el día 30 de junio de 2008. Mientras que su hermano y señalado como benefactor ocupó un cargo en la administración pública hasta mayo de 2011, con lo cual dijo se descarta esta posibilidad de conflicto de intereses.
A su vez, añadió que las licencias de construcción de las cuales se hace mención en investigaciones periodísticas otorgadas por autoridades fueron emitidas, no por lo entes gubernamentales, sino por las presidencias municipales, según expuso.
Respecto a la figura de Leonardo García Cortés, persona que denunció las anomalías en el fraccionamiento Esmeralda la cual acusa de daños a su propiedad y falta de pago por la constructora, Rico Moreno lo señaló como una campaña de hostigamiento y difamación de este individuo, que, además, dijo, no es siquiera el propietario original de la vivienda perjudicada.
El inmueble en cuestión, abundó en la conferencia, pertenece a Rafael Ávila del Ángel, quien es con el que se compró la casa a SYLMA, bajo la escritura pública 60 348 del 17 de octubre de 2014, misma que al presentarse el percance derivado de inundaciones, intercedió la compañía de seguros Assurant Daños México realizó un pago de 85 mil 856 pesos, por concepto de reparación de daños, donde dice, el dueño legitimo aceptó.
En este sentido, refiere que no se entiende la postura del ahora imputado cuando se tienen documentos que no acreditan los dichos y denuncias contra SYLMA.