Nos siguen asesinando: activistas; en 4 años 91 feminicidios en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., 27 de febrero de 2018.- La falta de acceso a la justicia de víctimas de feminicidio en Hidalgo, a partir de su tipificación en marzo del 2013 hasta la fecha, ha dejado a 96 mujeres asesinadas y solo 29 sentencias por este delito, de acuerdo a datos de la Procuraduría General de Justicia de estatal (PGJEH).

De acuerdo a la solicitud de información número 00014418, en Hidalgo se iniciaron 197 procesos penales por homicidios a mujeres entre el 2013 y 2017, de los cuales únicamente 91 fueron identificados como feminicidios por el Poder Judicial del Estado de Hidalgo (PJEH), que equivalen al 46.1 por ciento, menos de la mitad.

“El seguir diciendo que a las mujeres nos matan como a los hombres, como en un homicidio común, es negar que tenemos una grave problemática de desigualdad”, señala Diana Avilés Quezada, directora de Servicios de Inclusión Integral A.C (SEIINAC).

El término feminicidio fue acuñado por la activista Diana Russel en la década de los setentas, desde entonces combaten por visibilizar esta problemática social. De acuerdo al Instituto Nacional de Mujeres (INMUJERES), en México cada 24 horas se encuentran 7.2 mujeres muertas con signos de violencia.

La impunidad tiene un rostro

El 19 de mayo del 2014, Ana Itzel Escamilla, estudiante de 14 años, desapareció en el municipio de San Agustín Tlaxiaca; siete días más tarde, el cuerpo aparentemente de la menor se halló semienterrado en una construcción cerca de su casa.

Juan Carlos Escamilla Rodríguez, padre de la occisa, fue detenido el 23 de junio del 2014. En primera instancia por el delito de ultraje a la autoridad y más tarde acusado del homicidio de Ana Itzel, registrado en la causa penal 117/2014.

Janeth Téllez Islas, esposa de Carlos Escamilla, testificó:

“Entonces cuando ya había tardado mucho y yo le hablaba y le hablaba por teléfono a su número, ya no me contestaba, entonces voy a la procuraduría y me dicen que ya estaba detenido, que ya había confesado”.

Sin previo aviso a la familia de su detención, Juan Carlos Escamilla permaneció por más de 72 horas en el centro de reinserción social de Actopan. Fue torturado física y mentalmente para obtener su supuesta confesión, pero su sentencia no fue hasta el 25 de enero del 2015.

Ante los hechos se interpusieron 3 juicios de amparo (883/2014-3, 813/2016-3 y 440/2016-5) en los que se reclamó la detención arbitraria, falsificación de pruebas y deficientemente análisis para la resolución por parte de Porfirio Austria Espinoza, juez responsable del caso.

Entre las conjeturas que lo acusaban eran su confesión bajo tortura, un examen psicológico, haber actuado bajo efecto de cocaína, violación y sepultura clandestina de la menor, las cuales fueron refutadas con pruebas expuestas por Filiberto Martínez Cordero y Mary Carmen Ramírez Ríos, peritos a cargo.

Por irregularidades en el proceso penal, hostigamiento y tortura, amenazas contra la familia, persuasión a su hija menor para que declarara que eran víctimas de maltrato y abuso sexual, se emitió una queja ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH-VGJ-1887-14).

Tras dos años de estar encarcelado, el 15 de junio del 2016 Juan Carlos Escamilla obtuvo su libertad, a pesar de esto no hubo resolución del caso y desde entonces la familia Escamilla ha intentado reiniciar la investigación.

En los últimos meses solicitaron la exhumación del cadáver, pero la petición fue negada por la PGJEH, el asesinato de Ana Itzel sigue impune y las autoridades que actuaron en contra de Juan Carlos Escamilla no han recibido ninguna sanción.

Las leyes que no alcanzan la justicia

El protocolo para juzgar con perspectiva de género, guía para la investigación de muertes violentas de mujeres basado en el nuevo Sistema Penal, Acusatorio y Oral, se hizo público el 8 de mayo del 2016, pero fue hasta el 9 de febrero del año en curso que entró en vigor.

Con este procedimiento, el 19 de mayo del 2017 la PGJEH realizó la máxima y tercera sentencia condenatoria por feminicidio de 43 años y nueve meses en prisión, más 365 mil pesos de sanción económica. No obstante, casos como el de Ana Itzel, al día de hoy no tienen nuevas líneas de investigación.

Durante la conferencia Acciones para el acceso a la justicia a víctimas de feminicidio realizada por SEIINAC en septiembre del año pasado, Rodolfo Domínguez Martínez, representante del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), declaró “la falta de acceso a la justicia tiene que ver con la negligencia en las investigaciones de feminicidios y desaparición de mujeres, que competen al trabajo de las procuradurías de justicia, ministerios públicos y fiscalías”.

El poder judicial por su parte tampoco actúa con debida dirigencia “tienden a la culpabilización de las víctimas y esto tiene un impacto muy negativo, cosa que hay muchísimos casos que no se sancionan como feminicidios” añadió.

Un indicio de estos vacíos legales son una serie de siete asesinatos de mujeres que comenzaron en junio del 2012 en el municipio de Tula de Allende.

De acuerdo al seguimiento en medios locales, el primer hallazgo se registró el 10 de junio del 2012 atrás de los quemadores de la refinería Miguel Hidalgo y el 20 de septiembre un cuerpo fue localizado en la segunda sección del Llano; de los cuales se abrieron dos averiguaciones previas 16/III/1578/2012 y 16/III/2510/2012.

El 28 de noviembre y el 20 de diciembre dos cuerpos más se encontraron dentro del mismo parámetro; sus respectivas averiguaciones 16/III/2852/2012 y 16/III/3360/2012.

Al año siguiente, con fechas de 7, 24 y 25 de enero se hallaron tres mujeres sin vida, la PGJH inicio tres carpetas de investigación 16/III/057/2013, 16/II/210/2013 y 16/III/217/2013.

Marchas, reclamos a la autoridad y movilización de asociaciones civiles culminaron en la iniciativa para tipificar el feminicidio y la petición de alerta de violencia de género que realizó SEIINAC el 13 de marzo del 2013 ante el Instituto Nacional de la Mujer.

“La alerta implica sensibilización a la población, trabajo con la población, inversión a las instancias dentro de los gobiernos, implica capacitación a los funcionarios públicos, implica recursos de alumbrado público, implica mejores condiciones” señaló Diana Avilés, directora de la organización.

Estos siete casos se clasificaron como asesinatos seriales, Omar Gregorio Nieves Rebeles y Constantino Domínguez Torres quienes en su momento trabajaban como taxistas de la zona, fueron nombrados autores intelectuales y materiales de los crímenes.

El 31 de enero fueron detenidos en una casa de arraigo, y nuevamente en esta ocasión la declaración confesa de los supuestos culpables fue la única prueba del delito. La Suprema Corte de Justicia de la Nación la desacredito al no acatar los lineamientos establecidos por la ley.

A casi 5 años de los asesinatos que motivaron la tipificación del delito como feminicidio, no hay una sentencia concreta para Nieves Rebeles y Domínguez Torres. El proceso continúa en el Juzgado Primero Penal de Tula según oficios (OF/UT/476/17 y OF/UT/474/17) emitidos por la dependencia.

Cifras ocultas, hechos que matan

De acuerdo a los datos proporcionados por el PGJEH y la base de datos de SEIINAC, 2015 y 2016 fueron los años con mayor incidencia con 21 y 23 casos en la fuente oficial, mientras que la asociación registra 21 y 28 respectivamente.

De acuerdo con el observatorio ciudadano de los 84 municipios en el estado, 36 tienen registro de asesinato a mujeres. En contraste, la PGJEH solo reconoce los homicidios en 17 regiones, las que mayor índice presentan del 2013 al 2017 son Pachuca y Tula de Allende con 18 casos, Tulancingo 14 y Apan 8.

“Esta situación de impunidad manda un mensaje de permisibilidad, un mensaje de tolerancia a esta violencia que genera una situación de mayor riesgo para las mujeres que viven en nuestro país” explica Rodolfo Domínguez.

Diana Avilés añade que “no estamos haciendo gran cosa, a las mujeres nos siguen asesinando”. Esto bajo el cuestionamiento de trabajo de instituciones públicas que brindan servicios y apoyos a las mujeres.

Pese a contradictoria entre datos oficiales y registros hemerográficos, 96 casos están identificados como feminicidios ante la ley, de los cuales únicamente se han conseguido 29 sentencias, 34 causas en proceso y siete casos sin acción penal por muerte del inculpado.