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PACHUCA, Hgo., 26 de julio de 2024.- El Contralor estatal Álvaro Bardales informó que diez municipios de Hidalgo presentan importantes rezagos en el proceso de entrega-recepción, poniendo en peligro el cumplimiento de sus obligaciones al término de la administración.
Los municipios con mayor riesgo son Atotonilco de Tula, Francisco I. Madero, Mineral del Chico, San Felipe Orizatlán, Ixmiquilpan, San Salvador, Tepehuacán de Guerrero, Tula de Allende, Tecozautla y Calnali.
Estos municipios deben comprobar las obras terminadas y de no hacerlo, deberán dejar el presupuesto necesario para su ejecución.
En caso de incumplimiento, serán puestos bajo un procedimiento de responsabilidades.
“Tenemos problema con 2 mil obras, que no deberían estar en las actas de entrega-recepción, son obras que nosotros estamos vigilando y monitoreando», señaló Bardales.
En Pachuca, el edil Sergio Baños anunció su último informe para el 28 de agosto, aunque aún tiene pendientes cinco obras bajo supervisión de la Secretaría de Contraloría mismas que de no completarse, deberá otorgar el presupuesto íntegro para su culminación.
Asimismo el titular de la Contraloría de Hidalgo anunció próximas modificaciones importantes en la Ley Orgánica Municipal introduciendo dos nuevas reformas que impactarán directamente en los ayuntamientos.
La primera permite que los municipios puedan ser sometidos a auditorías por despachos externos de colegios de contadores públicos.
La segunda reforma establece que los contralores internos de los municipios serán ahora electos por convocatoria pública, en lugar de ser seleccionados por el presidente municipal.
Los interesados en aspirar al cargo deberán cumplir con una serie de reglamentaciones, y su duración en el puesto será de cuatro años, sin posibilidad de reelección y sin suplente.
Este nuevo ejercicio tiene antecedentes similares en el año 2022, cuando cinco organismos públicos autónomos, incluyendo el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el Tribunal Estatal Electoral, la Auditoría Superior del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia, designaron a su contralor interno a través de este proceso.