Piden pena máxima para ex líder del PT por agresión a ex pareja

PACHUCA, Hgo., 21 de agosto de 2018.- La defensa jurídica de Flor Guadalupe Hernández Ibarra, víctima de presuntas agresiones físicas por parte del destituido dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Hidalgo, Arturo Aparicio Barrios, buscará las condenas más altas contra el político por los delitos que se le imputan, proceso que culminará en enero de 2019.

En conferencia de prensa, la defensa de la militante agredida señaló que en sus acciones ante las autoridades judiciales se buscará que la pena por el delito de violencia familiar por el cual se encuentra imputado el destituido líder, alcance los 6 años de prisión.

Mientras que se buscará de igual forma que de los 10 meses a 5 años de pena por delitos de lesiones dolosas calificadas, se logre ésta última, misma que se buscará acreditar ante las autoridades en los 5 meses que hay de periodo de investigación.

El jurista de la víctima, Manuel Canales Pérez a su vez desmintió la información vertida en boletines de prensa por la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, de las cuales dijo, es información imprecisa ante el caso actual.

En este sentido señaló que la jueza de control del Centro de Justicia para Mujeres de la entidad Norma Sandra Barrones Castillo expuso que no existió o no se aplicó un dictamen pericial sobre pruebas psicológicas hacia la víctima, toda vez que la Procuraduría no lo ha empleado ya que Hernández Ibarra no puede trasladarse a las instalaciones por su condición física.

Si bien aún no se encuentra acreditado como dato de prueba la existencia de daño psicológico, Flor Hernández Ibarra expuso que se plantea que se tome en cuenta este tipo de violencia para la siguiente audiencia, pues se contará con las pruebas para fundamentarla con Aparicio Barrios.

Sumado a lo anterior, la parte afectada reprochó la falta de efectividad en el abordaje del caso por parte de la Procuraduría estatal, así como anomalías en el accionar de las mismas de las deficiencias en el servicio médico en el momento de su atención y de la falta de la aplicación del fondo para víctimas, mismas que exigieron atender al gobierno estatal.

Además, se integrarán las acciones en materia de derechos humanos ante la instancia correspondientes, así como trabajos de apoyo y seguimiento por parte de organizaciones de la sociedad civil feministas y pro derechos humanos a fin de que no quede impune el caso.