Pobladores denuncian transas del alcalde de Epazoyucan

PACHUCA, Hgo., a 28 de octubre de 2019.- Habitantes del fraccionamiento Xochihuacán acudieron esta tarde al Congreso del Estado a manifestar su molestia por los supuestos malos manejos del alcalde Raúl Armando Padilla Islas, a quien acusan de hacer negocio otorgando permisos para construcción en una zona de veda y proporcionar tomas de agua clandestinas a 35 casas que han sido ocupadas por presuntos paracaidistas.

Lo anterior con el apoyo de lo que llamaron un comité delegacional “a modo” encabezado por Carmen Escalante, a quien también acusan de desviar recursos que los vecinos le han entregado para el pago de la luz que abastece el pozo de agua de la comunidad.

En entrevista con Quadratín Hidalgo, la ex delegada de Xochihuacán, Elizabeth Espinoza expuso que llegaron al congreso a fin de evidenciar los abusos de autoridad por parte del comité delegacional del fraccionamiento que, hasta el momento, no ha sido municipalizado.

De esta forma, solicitaron a las diputadas Susana Ángeles y Jajaira Aceves su intervención para pedir la comparecencia del alcalde de Epazoyucan y hacerle explicar la razón por la cual ha entregado permisos de construcción en una zona vedada, así como se le solicite rendir cuentas a la ciudadanía sobre cerca de 100 mil pesos que han entregado los vecinos para el pago de la luz del pozo sin que el mismo se haya realizado.

Señalaron que en este último caso, la contraloría municipal se ha deslindado debido a que “no son recursos municipales, sino de cooperaciones”, y no pueden responder por ellos.

Recordaron que el conflicto con el fraccionamiento es añejo, pues les entregaron las casas sin servicios básicos en 2007, recibiendo en principio luz a diésel y agua por medio de pipas, lo cual los vecinos consideran un fraude, pues las escrituras señalan que cuentan con todos los servicios.

Asimismo, dieron a conocer que se ha solicitado entregar el pozo a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim) para su manejo, pero el pozo resultó no estar registrado en la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por lo que en una reunión entre ambas instancias, se resolvió que Caasim tutelara el servicio.

Ante ello, señalaron que Caasim ha dispuesto que será en un par de meses que pueda continuar con el proceso para que los vecinos cuenten con contratos de agua potable y se regularicen, además de que el pozo, aparte de estar inclinado, sólo surte a mil viviendas de un aproximado de un mil 500 habitadas.

Anotaron que cuentan con documentos probatorios de las acusaciones que hacen, pues las tomas clandestinas avaladas por las autoridades auxiliares y la alcaldía han sido verificadas por el jurídico de Conagua.

Ahora, ya que la bomba del pozo se descompuso, acusaron al presidente municipal de proteger a la comitiva de Carmen Escalante que les ha indicado que deben pagar la reparación del pozo, a lo que José Jesús Sanjuanero, titular de Caasim, les respondió esta tarde que era falso.

Por lo anterior, dijeron, se reunirán el jueves próximo con Sanjuanero Rodríguez a fin de dar a conocer su situación, atención que se da también a petición de la diputada Jajaira Aceves, quien durante la comparecencia de la Comisión de Agua pidió se atendiera al grupo de vecinos que se inconformaron.

Igualmente, proporcionaron a Quadratín videos e imágenes con las cuales pidieron desmentir el caso de un varón que resultó descalabrado a finales del mes pasado relacionado con este conflicto.

La carpeta de investigación, afirmaron, fue archivada debido a que en ningún momento se pudo comprobar que hubiera agresión por parte de los vecinos, quienes únicamente se inconformaron por la instalación de una toma no autorizada.

PARACAIDISTAS RECIBEN APOYO DE DELEGADA Y ALCALDE

En ese tenor, señalaron que el alcalde Raúl Padilla ha buscado “quedar bien” con unas 35 familias de integrantes de la Unión de Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) permitiéndoles conectarse por medio de mangueras al pozo de agua de Xochihuacán, acción que está fuera de sus atribuciones y por la cual, aseguran, la delegada ha cobrado 80 mil pesos por conexión.

De igual forma, Elizabeth Espinoza explicó que la actual delegada aprovecha oportunidades y su relación personal con el jefe de policía Gerardo Hernández para llevar a gente a ocupar las viviendas abandonadas en el fraccionamiento, las cuales suman más de mil y varias de ellas han sido invadidas por desconocidos respaldados por Seguridad Pública Municipal, cuyo titular “llega y rompe chapas y cerraduras”.

Dijeron finalmente que utilizarán su voz y están dispuestos a no pagar ni un peso de impuesto predial hasta que el fraccionamiento sea recibido por el municipio, que, además, no les ha devuelto en obras sus pagos bajo la condición de que el fraccionamiento no ha sido recibido por la administración.