Proponen fortalecer marco legal y prevenir violencia política de género

PACHUCA, Hgo., 5 de julio de 2018.- Aun cuando el orden jurídico nacional e internacional reconoce los mismos derechos para ambos sexos, persisten prácticas que impiden alcanzar el ideal de igualdad material o de oportunidades en el ejercicio de los derechos políticos, sostuvo en tribuna, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía.

Lo anterior, al dar lectura a la iniciativa que busca realizar diversas adiciones y reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Hidalgo, al Código Electoral del Estado de Hidalgo, así como al Código Penal para el Estado de Hidalgo, en materia de violencia política de género.

De acuerdo al documento Violencia contra las Mujeres en el Ejercicio de sus Derechos Políticos Editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ONU Mujeres, se han observado las siguientes expresiones de acoso político, discriminación y violencia:

Como precandidatas y candidatas

• Mal uso del presupuesto de los partidos políticos etiquetado para la capacitación a mujeres.
• Simulación de elecciones primarias para eludir la cuota.
• Envío a distritos claramente perdedores o al final de las listas de representación proporcional.
• Presiones para ceder o no reclamar la candidatura.
• Ausencia de apoyos materiales y humanos.
• Agresiones y amenazas durante la campaña.
• Trato discriminatorio de los medios de comunicación.

Como legisladoras y autoridades municipales electas

• Substituciones arbitrarias.
• Presión para que renuncien a favor de sus suplentes.

Como legisladoras y autoridades municipales en el ejercicio de sus funciones

• Mayor exigencia que a los varones.
• Presión para adoptar decisiones en favor de ciertos grupos o intereses.
• Acoso para evitar que ejerzan su función de fiscalización y vigilancia del gobierno local.
• Intimidación, amenazas, violencia física contra su persona o la de su familia, incluido el asesinato y la violación sexual.
• Ocultamiento de información.
• Retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas.
• Exclusión de sesiones por la vía del engaño o la no notificación de las mismas.
• Desdén con respecto a sus opiniones o propuestas.
• Segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.
• Trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación: su vida personal puesta en tela de juicio, su conducta sexual, su apariencia física, su atuendo.
• Destrucción o daño a sus obras o de sus bienes.

En el ámbito personal

• Difamación, desprestigio, burlas, descalificación y calumnias.
• Doble jornada de trabajo: como servidoras públicas y como responsables de la familia.
• Desgaste, culpa, auto exigencia de sobresalir en ambos campos.
• Censura por parte de otras mujeres por “desentenderse de sus familias”.
• Conflictos con su pareja o ruptura debido a su quehacer político.

“De ahí que la presente iniciativa, conceptualiza el concepto de violencia política de género dentro de las modalidades de la violencia, así como las acciones y omisiones que la configuran; se ingresa al Sistema Estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres al Instituto Estatal Electoral, además se le otorgan atribuciones para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar la violencia política de género”, detalló Pérez Perusquía.

Abundó que, al Instituto Hidalguense de las Mujeres, se le adiciona la facultad de coadyuvar con las instancias competentes en la formación de liderazgos políticos de las mujeres. Además, se establece que los partidos políticos y candidatos deben de abstenerse de proferir ofensas, difamación, calumnia o cualquier expresión que denigre a otros aspirantes o precandidatos, partidos políticos, personas, instituciones públicas o privadas; o que constituya violencia política en razón de género.

Destacó que, a fin de salvaguardar los derechos políticos de las mujeres, se incorporarían acciones penales contra quienes ejerzan este tipo de violencia, aumentando la pena hasta una mitad cuando las conductas se cometan en contra de una mujer en el ejercicio de su derecho al voto y su derecho de ser votada en los cargos de elección popular, por razones de su género.

“Esta reforma logrará que más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, sin que las acose violencia alguna en su actuar, estamos otorgando una garantía de una participación real de las mujeres; con lo cual se promoverá la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y se prohibirá la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, entre otras”, sostuvo la legisladora local.

La iniciativa también fue signada por las representantes integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara local, Ana Bertha Díaz Gutiérrez, Mariana Bautista de Jesús, Margarita Ramos Villeda, Norma Alicia Andrade Fayad, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, Gloria Romero León, Simey Olvera Bautista, Regina Meneses Zarco, Erika Saab Lara, Araceli Velázquez Ramírez y Marcela Vieyra Alamilla.

Asimismo, la legisladora por el distrito de Pachuca Oriente, Gloria Romero León, planteó una iniciativa para adicionar un sexto y un séptimo párrafo al Artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, con la finalidad de establecer que el Estado brinde protección a los hidalguenses que residan en otra entidad federativa o en otro país, para la defensa de sus derechos humanos.

“Al incorporar este derecho humano fundamental en nuestra Constitución estatal, nos estamos colocando a la vanguardia legislativa de nuestro país, ya que estamos estableciendo dentro de nuestro marco jurídico la protección de los derechos humanos de los hidalguenses que residan en otra entidad federativa o en otro país, así como el de las personas migrantes, que se encuentren en Hidalgo”, explicó.

También dijo que, “es triste ver la cara de los migrantes, pues es notorio el desgaste que han tenido en busca de una mejor vida, pero más triste y conmovedor es observar a quienes realizan esta travesía acompañados de sus hijos, niñas y niños que permanecen a un costado en las calles, avenidas o carreteras, o bien, a un lado de la vía del tren, mientras sus padres piden ayuda”.

La primera iniciativa se turnó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia, mientras que la segunda se envió a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, ambas para su estudio y dictamen correspondiente.