Va Morena contra comida chatarra, presenta 4 iniciativas en el Congreso de Hidalgo

PACHUCA, Hgo., a 12 de agosto 2020.- No sólo una sino 4 fueron las iniciativas de ley que se presentaron este día para reformar la legislación en materia de salud, así como en materia de niñas, niños y adolescentes a fin de prohibir la venta como distribución de bebidas azucaradas y comida chatarra en Hidalgo a menores de edad.

Este miércoles durante sesión de la diputación permanente sorprendió la promoción de varios proyectos con el mismo enfoque, el de limitar la adquisición de productos altos en calorías, procesados y envasados para el público principalmente infantil, tendencia que se presenta en varios congresos locales en el país en últimos días a raíz de la aprobación en este tema la pasada semana en el estado de Oaxaca.

Cada una de las iniciativas provienen de la fracción legislativa de Morena, una presentada por Rafael Garnica Alonso y José Luis Muñoz Soto, otra más a cargo de Lisset Marcelino Tovar, la coordinadora del grupo parlamentario, una tercera de la autoría de Raymundo Lazcano Mejía, Salvador Sosa Arroyo y Noemí Zitle Rivas, y la última de Susana Ángeles Quezada y Víctor Osmind Guerrero Trejo, mismas que poseen puntos específicos y similitudes marcadas en sus propuestas, aunque el enfoque principal recae en establecer estas medidas de prohibición en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.

Dentro de las propuestas, se establece la conformación del Derecho a una Alimentación de Alto Valor Nutricional en la ley referente a niñas, niños y adolescentes para eliminar la malnutrición, esto al prohibir la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas y alimentos azucarados y
de alto contenido calórico a menores de edad, en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, comprendido por preescolar, primaria, secundaria y educación media superior, además de eliminar su presencia en distribuidores automáticos o expendedoras, en planteles educativos.

Se propone que la vigilancia, aplicación, sanción y cumplimiento, estará a cargo de la Secretaria de Salud del Estado.

Mientras que se puntualiza en la primera propuesta que quedan exentas de las prohibiciones señaladas las madres, padres, tutoras y tutores legales y la familia del o la menor de edad hasta el segundo grado, quedando bajo su responsabilidad el consumo de estos productos señalados.

En el caso de la propuesta de la diputada Marcelino Tovar, esta puntualiza reforma a la Ley de Salud estatal, con la creación del Artículo 21 Bis el cual dice: “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrán expender o suministrar bebidas azucaradas procesadas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de edad”.

A su vez precisa que para quienes incumplan la medida se harán acreedores a una multa de hasta 100 veces la Unidad de Medida y Actualización, la cual actualmente se traduciría a un monto por 8 mil 688 pesos.

La tercera propuesta adiciona el Capítulo Octavo Bis denominado del Derecho a la Sana Alimentación, la cual implica similitudes marcadas por la primera propuesta, por lo cual establece las prohibiciones de la presencia y venta de estos productos altamente azucarados y calóricos para los menores de edad.

Mientras que la última iniciativa propone una adición la fracción XIX al artículo 49 de la ley en la materia para que se prohíba la distribución, donación, regalo, venta y suministro a menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, con la diferencia de que en esta propuesta de reforma considera que a quienes infrinjan a lo establecido en la presente fracción será sancionada como delito contra la salud.

En su intervención, la diputada Lisset Marcelino Tovar aclaró que ella como sus compañeros del curul son conscientes que la prohibición del acercamiento de los menores de edad a estos productos no es la solución al enorme problema que implica el sobrepeso, obesidad y demás morbilidades producto del consumo de estos artículos, sin embargo sí contribuye a los pasos que se deben dar para minimizar el ambiente obesogénico que vive el país y el estado, además de que se ejerce el bien supremo de la niñez.