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TULA DE ALLENDE. Hgo. 04 de mayo de 2022. Esta tarde – noche, por determinación del juez de control David Antonio Trejo Castillo, las diez personas detenidas (nueve hombres y una mujer) por su presunta participación en los hechos violentos de la madrugada del pasado 27 de abril en la cementera La Cruz Azul fueron vinculados a proceso.
Junto con la determinación se dio a conocer que a los imputados se les suspendieron sus derechos político – electorales, además de que se dio un plazo máximo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria. Por lo que la audiencia para determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados se realizará el 29 de octubre o el próximo día hábil a dicha fecha.
El ministerio público Julio César Salinas González fue quien formuló las imputaciones a los indiciados, en tanto la defensa estuvo a cargo de los abogados particulares, Daryel Barona Bautista y Sergio Erick Torres Estrada, además de los defensores públicos Lucas Sánchez González y José Sánchez Crisóstomo.
En su conjunto, los litigantes consideraron insuficientes, subjetivas y contradictorias las pruebas presentadas por el trabajador de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por lo que pidieron que sus clientes no fueran vinculados a proceso y fueran puestos en libertad.
Barona Bautista, sostuvo que, por principio de cuentas, los tiempos en que se reportaron las detenciones y en los que, de acuerdo a la investigación, intervino la Policía estatal no coincidían, dado que el primer hecho se reportó a las 7:03 horas, mientras la intervención de los uniformados, de acuerdo al C5i, se produjo hasta las 7:10 de la mañana.
Otra falta, dijo es que los detenidos no portaban ropas rojas como sugieren los testimonios de los testigos, además de que no iban armados en ninguno de los casos, por lo que, los integrantes del grupo de choque que intervinieron en los hechos violentos no eran sus clientes.
Torres Estrada dijo por tanto que no había elementos para justificar la detención.
El defensor de oficio José Sánchez aseveró que el ministerio público responsable del caso, no buscaba quién la hizo, sino quién la pagara.
Mencionó que el perito intentaba engañar al juez de control, dado que sus argumentos resultaban falsos y abundó que para hacer una imputación se debían de presentar pruebas fidedignas y no suposiciones subjetivas.
Pese a ello, Trejo Castillo, dijo que, con las pruebas presentadas por el ministerio público le eran suficientes como para emitir un resolutivo, por lo que determinó la vinculación a proceso tras un breve receso.
También resolvió que los asegurados seguirán con prisión preventiva como medida cautelar.