A casi 2 años, el hampa manda en la ‘Ciudad Segura’

TULA DE ALLENDE, Hgo., 28 de octubre de 2016.- A casi 2 años de que Tula de Allende obtuvo la certificación de Ciudad Segura por parte del Instituto Cisalva de la Universidad de Cali, Colombia, los beneficios obtenidos por el municipio  al contar con denominativo son nulos, y al contrario, la calidad de vida de sus habitantes no ha presentado mejoras significativas… parece haberse estancado, mientras que la percepción en rubros como seguridad pública parece ser peor día con día.

Los índices delincuenciales en la demarcación no disminuyen a pesar de que en los últimos 2 años y diez meses ha habido al menos seis cambios en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública municipal (SSP), que han supuesto un viraje de estrategias para inhibir los ilícitos en Tula, que van desde los robos patrimoniales y asaltos a mano armada hasta violaciones, la frecuente localización de cuerpos y asesinatos.

Es verdad que desde que empezó el proceso de certificación de la circunscripción como Comunidad Segura -el 13 de febrero de 2014- se dijo que el término no significaba que la municipalidad tuviera excelentes condiciones en seguridad, sino que a través de la certificación, la localidad podría acceder a programas nacionales e internacionales para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes en aspectos como urbanización, salud, cultura, ecología, economía, entre otros, pero lo cierto es que a punto de cumplirse el bienio desde el nombramiento del título, ninguna de esas promesas se ha aterrizado.

Tal escenario deja a la Ciudad Segura y a su placa conmemorativa, (ubicada a un costado de la pérgola de la plaza del Nacionalismo), literalmente como un elefante blanco -que por cierto- se presume que costó cientos de miles de pesos o quizá millones, aunque no se tiene la cifra precisa por la falta de transparencia con que se manejaron las finanzas durante el gobierno de Jaime Allende González.

Consultado al respecto el alcalde Gadoth Tapia Benítez, señaló que: “de lo que estamos hablando es de un municipio que está dispuesto a hacer todo para demostrar que es una localidad segura para invertir y dispuesta a atraer conceptos para mejorar la calidad de vida de los propios ciudadanos, no es un tema que se refiera enfáticamente a la seguridad, esa apreciación no la compartimos”.

Consideró que los aspectos positivos de la integración a las Comunidades Seguras es la intención y posibilidad de vincularse a organismos estatales, federales e internacionales en busca de esquemas que mejoren las condiciones de los pobladores de la demarcación en materias como cultura, salud, deporte, ecología, economía, entre otras.

Dijo que en lo que respecta a este convenio, que ofrece una gran gama de programas y productos de los que el municipio puede obtener varias concesiones, apenas se va empezando y que en breve se prevé poder sacar el mayor beneficio posible del esquema.

Habló de que etiquetar las aportaciones que tenga que poner el ayuntamiento para obtener un beneficio más grande en los rubros a los que se puedan acceder y sostuvo que habrá que valorar los programas que se tienen actualmente para que si se llega a determinar que no funcionan se puedan cambiar en beneficio de la ciudadanía.

No obstante, el presidente municipal se contradijo al comentar que no ve tan claro que hasta el momento el ayuntamiento haya obtenido un provecho fehaciente de pertenecer a las Ciudades Seguras, “más que el propio ejercicio que ha sido fundamental con el presupuesto de egresos que puede tener algunos beneficios”, los cuales no pudo precisar.

Agregó que hasta el momento no tiene claro si la gestión pasada obtuvo un incentivo económico extraordinario por haberse integrado al grupo de Ciudades Seguras o por estar en algún programa emanado de estas, pero indicó que seguramente al concluir el proceso de entrega – recepción (en menos de una semana), saldrá todo lo referente al tema.

También se refutó a sí mismo al reconocer que a casi dos años de la certificación no hay algún beneficio claro que derive de pertenecer a Comunidades Seguras, más que un convenio para la instalación de una cadena de farmacias que administraría la ciudadanía, (las cuales físicamente no se ven).

Sobre la percepción de la demarcación en un antes y después de la Ciudad Segura, señaló que la apreciación de la gente fue fallida y eso generó  una expectativa diferente de lo que el gobierno quería dar con la que la propia ciudadanía pudo percibir.

Por último, aunque no es el precepto más importante de Comunidades Seguras reconoció que la incidencia delictiva en la demarcación no decrece pese a todos los esfuerzos que se han hecho, “lo veo y he pedido reforzar a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSPH), he pedido una vinculación más directa con las fuerzas federales para atender esta problemática que es real y que no podemos ocultar cerrándonos de ojos”.

Refirió que el que la incidencia delictiva que parece ir en aumento en la  ciudad, preocupa y ocupa a las autoridades, y que para ello actualmente están implementando diversas estrategias para mermar y erradicar a la delincuencia, “todo en el ámbito de nuestras posibilidades como municipio pero lo que la gente debe saber es que estamos trabajando en resolver la problemática”.

Para entender la percepción “equivocada” que la población dio a Tula la Ciudad Segura, es necesario remontarse al segundo semestre de 2012, cuando a partir de agosto de ese año y hasta enero de 2013, desaparecieron siete mujeres, cuyos cadáveres fueron encontrados días después de sus extravíos en parajes de San Pedro Alpuyeca y la segunda sección de El Llano.

En todos los casos, las féminas fueron localizadas con huellas de tortura, de violación y asfixia como mecanismo para privarles de la vida; tras el hallazgo del último cuerpo (perteneciente a Ana María T C), sobrevino una ola de pánico, al tiempo que se desató una ingobernabilidad en el municipio, que recriminaba al alcalde Jaime Allende González dar protección a los homicidas de las féminas y por tanto ser responsable de las muertes, al tiempo de que exigían su renuncia.

Fue entonces que el gobierno de Francisco Olvera, en un sentido paternalista, buscó la certificación de Tula como Ciudad Segura en un intento por acallar las voces de las familias de las mujeres asesinadas que pedían a toda costa la renuncia de Allende González.

Certificadora no es la más prestigiada ni la mejor opción

Que Tula haya sido certificada como Ciudad Segura por el Instituto Cisalva no es precisamente motivo de orgullo ni la mejor opción que se pudo haber conseguido, ya que la Universidad de Cali, Colombia no es precisamente la de mayor calidad en su país y mucho menos a nivel internacional, donde ocupa el escalafón número 4 mil 826 en cuanto a especialización, el 4 mil 238 en el rubro de impacto normalizado y el mil 922 en excelencia  académica.

El ranking Quacquarelli Symonds (QS), posiciona a la universidad que respalda a Cisalva como la 701 a nivel orbe e incluso en Latinoamérica, la casa de estudios ocuparía la posición 51, por lo que se concluye que pagar por una certificación de parte de la instancia no fue la mejor decisión.

Otras ciudades certificadas como “seguras”

Las cinco ciudades mexicanas que antecedieron a Tula como Comunidades Seguras parecen tener un común denominador: la crisis por la violencia e inseguridad a cuestas.

Por orden cronológico de nombramiento serían: Tuxtla Gutiérrez, que ocupa los primeros lugares en cuanto a tasas de violaciones, robo con violencia y extorsiones;

Cisalva también nombró como Comunidad Segura al estado de Chiapas, cuando es del dominio público que la situación de violencia e incluso infiltraciones del  crimen organizado va a la alza;

Las otras certificadas de manera previa son: Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, Puebla y Los Cabos, Baja California, ciudades y entidades federativas que ocupan los primeros lugares en cuanto a algún índice delictivo de alto impacto.

Posterior a Tula de Allende y Los Cabos, Baja California, en marzo de 2015, la ciudad de Mérida, obtuvo también la nominación de Ciudad Segura, pese a ser la demarcación más violenta de Yucatán, sobre todo por la comisión de delitos relacionados con el pandillerismo.

Los delitos más socorridos en Mérida son: el robo con violencia, violaciones, daño en propiedad ajena, y en menor grado extorsión o intentos de y fraude.