Balcón político | Carlos Camacho

• ^{Filtros sí, retenes no}
• ^{Tula, máxima publicidad}
• ^{«Vaquita» en favor de Sosa}

^{El fin de semana pasado, un grupo de representantes campesinos de la región de Huichapan, incluida}s algunas comunidades de Querétaro y el Estado de México, se manifestaron frente a la delegación de la Secretaría de Seguridad Pública, en el municipio de Huichapan, para exigir la suspensión de los retenes policíacos, que tienen el objetivo de extorsionar a los automovilistas, con el pretexto de la aplicación del “Hoy no circula”.

En una extenso diálogo con los representantes de Seguridad Pública, dijeron estar de acuerdo con los “filtros sanitarios” para reducir la movilidad de la gente y de ese modo inhibir los contagios por Covid-19, pero acusaron que ese es pretexto de los uniformados para exigir “entres” que van de los 500 a los dos mil pesos, a cambio de dejarlos circular, o de lo contrario su unidad será remitida al corralón.

Como resultado de las protestas, se decidió suspender “por el momento” los retenes, aunque no se dijo por cuánto tiempo. Por lo pronto,  a juicio de los inconformes, se acabarán las extorsiones ilegales aprovechando la pandemia.

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El pasado 20 de diciembre, el presidente municipal de Tula, el perredista Manuel Hernández Badillo, difundió en la revista Proceso, el arranque de su gobierno, a dos planas, y el hecho pasó inadvertido para la ciudadanía de esa demarcación, hasta que apareció hoy el regidor y ex diputado local de Morena, Ricardo Baptista González, quien demandó de la contraloría interna, un informe sobre el costo de la publicidad, quién cubrió ese gasto, todo apegado al artículo 69 fracción II de la Ley Orgánica Municipal.

De acuerdo con el regidor, el costo por esa publicación sería de alrededor de 200 mil pesos, “monto excesivo si se considera la emergencia que se vive en el estado y en Tula debido a la pandemia de Covid-19”. .

El regidor pregunta si esa publicidad se pagó con recursos públicos y si el monto cubierto rebasa el límite legal permitido para una adjudicación directa. O si bien hubo personas físicas o morales que cubrieron ese gasto, quienes pudieron haber entrado en conflicto de interés con el presidente. Sus funcionarios o integrantes del Ayuntamiento.

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En la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se ha pedido a los trabajadores académicos, sindicalizados, que para apoyar la “precaria” economía del presidente del Patronato de la UAEH, preso desde el pasado 28 de agosto en un penal de alta seguridad, se organice una cooperación de mil pesos por persona.

Son alrededor de dos mil académicos, a quienes se les ha indicado que deberán aportar mil pesos por persona, para apoyar al licenciado Sosa Castelán, ya que se encuentra en una situación económica apremiante.

Eso sí, el dinero deberá ser aportado en efectivo y no vía nómina, como algunos pidieron que se les hiciera el descuento. En tono irónico, uno de los afectados con esta medida, dijo “mejor que me metan al bote a mí y que me apoyen los compañeros. Con lo que junte, jamás vuelvo a trabajar”.

Gerardo Sosa, está recluido y enfrenta un juicio por los presuntos delitos de  lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. Ya antes la Unidad de Inteligencia financiera (UIF) congeló cuentas por 151 millones de dólares, detectados en cuentas en bancos suizos, dinero que, dijo en su momento Sosa Castelán, eran producto de los ahorros de 20 años de los trabajadores universitarios.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.