ONGs condenan represión a los jornaleros de San Quintín

PACHUCA, Hgo., 29 de marzo de 2015.- Organizaciones de defensa de los derechos humanos reprocharon la represión y hostigamiento ejercido contra los jornaleros agrícolas en el valle de San Quintín, en Baja California Norte.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; el Centro de Desarrollo Indígena Loyola; Enlace, Comunicación y Capacitación; Mixteco Sonora; Respuesta Alternativa, y Pastoral Social Diócesis de Matehuala, entre otras, lamentaron que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales en las comunidades campesinas e indígenas propicien la migración estacional, temporal o permanente, como una alternativa para emplearse como jornaleros en el sector agrícola, muchas veces aprovechado por los agricultores para dar escasas o nulas condiciones sociales y laborales a estos trabajadores.

Los campos agrícolas son de empresas nacionales y extranjeras, muchas de las cuales explotan a más de 2 millones de jornaleras y jornaleros agrícolas en Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, Puebla y Estado de México.

Las organizaciones, en un comunicado, informaron que más de la mitad de los jornaleros agrícolas proceden de los 10 estados más pobres del país, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Veracruz, donde los índices de desarrollo humano son los más bajos.

De acuerdo con la Red de Jornaleros Internos, esta población trabajadora establece una relación laboral de manera verbal con los empresarios o propietarios de los ranchos, por lo que 90 por ciento de los trabajadores no cuentan con un contrato formal de trabajo.

Detalla que un jornalero agrícola trabaja hasta 15 horas al día; en promedio, la jornada media laboral es de 57 horas para los hombres y 65 para las mujeres a la semana.

Los problemas de salud en los campos de cultivo son una de las principales afectaciones, pues de acuerdo con el Inegi, 80 por ciento no cuentan con prestaciones laborales y sociales; “no pueden acudir al médico en caso de enfermedades o accidentes, y si dejan de trabajar, dejan de obtener dinero para sus familias”.

El hacinamiento –indicaron– es otro de los problemas que enfrentan, pues las viviendas son galerones que hacinan entre 500 y 3 mil trabajadores; otras familias jornaleras rentan bodegas abandonadas o casas en obra negra o en ruinas, donde llegan a vivir de 20 a 100 personas.

“Estas graves condiciones de vida y de trabajo son toleradas diariamente por los jornaleros agrícolas, tanto hombres, mujeres, como niñas, niños y adolescentes, lo que conlleva a la sistemática violación a sus derechos humanos por parte de los empresarios agrícolas o propietarios de los ranchos, como es el caso del Valle de San Quintín, Baja California”, manifestaron las organizaciones no gubernamentales.

Ante esta sistemática violación a los derechos humanos, exigieron que se diseñe y articulen las políticas públicas para proteger, garantizar y respetar los derechos de estos trabajadores; que se genere un diálogo positivo con patrones y autoridades con el fin de que se dé resolución a las justas demandas hechas por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social; exigieron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno atender y resolver los problemas que enfrentan los jornaleros agrícolas, que sean integrados al IMSS y que se hagan los ajustes necesarios a la Ley de Seguro Social para garantizar su derecho al acceso a la seguridad social. (Con información de La Jornada)