Inicia Sedesol capacitación sobre blindaje electoral

PACHUCA, Hgo., 29 de noviembre de 2017.- A fin de garantizar que los recursos de los Programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y dependencias sectorizadas, sean destinados exclusivamente a sus beneficiarios y ejercidos con la mayor transparencia rumbo al proceso electoral del 2018, el delegado en Hidalgo, Víctor Hugo Velasco Orozco, dio apertura a la capacitación en materia de “Blindaje Electoral y Delitos Electorales”.

Los trabajos los imparte la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia y el Órgano Interno de Control de la Secretaría de la Función Pública.

Acompañado de Ulises de la Serna Alzaga, representante de la Unidad del abogado general de Sedesol, Maira Magali García Arellano, representante de la Secretaría de la Función Pública, Daniel Días Cuevas, representante de la FEPADE, así como de Patricia González Borges, delegada de INAPAM, María del Carmen Teresa López Pérez, delegada del INAES, Antonio Lechuga Reyes, delegado de PROSPERA, Manuel Sánchez Olvera, gerente de LICONSA, Alfredo Tovar Gómez, gerente de DICONSA y en representación del secretario de SEDESO, Daniel Jiménez Rojo, René Escamilla Martínez, Velasco Orozco detalló que el Programa de Blindaje Electoral (PBE) es una política pública implementada por la SEDESOL para que a través de la transparencia y rendición de cuentas, se asegure la correcta aplicación de los programas sociales.

“Así como lo ha comentado el secretario Luis Miranda Nava, en Sedesol Hidalgo podemos garantizar el Blindaje electoral de nuestros programas, evitando su incidencia sobre el voto ciudadano y asegurando así contiendas democráticas en 2018, por eso esta capacitación está dirigida a servidores públicos, beneficiarios y entidades sectorizadas”, puntualizó.

Durante las ponencias, los presentes recibieron información sobre el Programa de Blindaje Electoral, el cual se refiere a garantizar la observancia del principio de imparcialidad en las contiendas electorales, prevenir que los recursos públicos no se utilicen para incidir en el sufragio y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los programas sociales.