Rescata Profepa a jaguar en Pacula en estado de salud crítico
PACHUCA, Hgo., 18 de abril de 2018.- Servicios de Inclusión Integral (SEIINAC) encabezó la firma de convenios municipales para la creación de una herramienta que contribuya a la implementación de programas que fortalezcan la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Tras la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se estableció que cada entidad federativa y municipio debe tener un sistema para atender las necesidades de estos sectores de la población.
A pesar que esta ley fue emitida desde el 2014 y que en el estado de Hidalgo se instauró el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), algunos municipios no tienen acciones concretas en función de las observaciones que marca la ley.
Por tal motivo SEIINAC ofreció a los titulares de los municipios de Mineral de la Reforma, Tulancingo, Eloxochitlán, Acaxochitlán, Atotonilco el Grande, Epazoyucan y Metztitlán desarrollar un diagnóstico que facilite focalizar medidas de atención.
La secretaria ejecutiva de SIPINNA en Hidalgo Claudia Vieyra Alamilla, argumentó en entrevista que es “obligación por ley de los titulares de las presidencias municipales el funcionamiento y cumplimiento de su sistema de protección” para conocer la situación en la que se encuentras los menores de edad de su localidad e identificar casos donde se esté vulnerando algún derecho.
Este proyecto fue financiado mediante el Programa de Coinversión Social, el cual fue promovido por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) que aportará 270 mil pesos que serán distribuidos en la creación de foros lúdicos para los niños y la elaboración de un manual con los diagnósticos de cada municipio.
El tiempo de operación de estas actividades será a partir del mes de marzo, hasta finales del mes de diciembre, en el que se deberá de presentar el informe final.
El objetivo es identificar las problemáticas para después promover acciones que deberán ser realizadas por instancias de gobierno al asumir su papel como figuras activas en la atención y protección de los menores.