Rescata Profepa a jaguar en Pacula en estado de salud crítico
TULA DE ALLENDE, Hgo., 6 de julio de 2015.- Para el síndico jurídico, José Luis Rodríguez Higareda, el hecho de que no se haya resuelto el caso del extravió de los más de 3 millones de pesos de la tesorería municipal, descubierto a finales del periodo de Rodolfo Paredes Carbajal, evidencia falta de voluntad de las instancias competentes y una red de complicidad bárbara.
Lo anterior, dado que tiene 3 años y medio que se dio a conocer el escándalo, y pese a que se ha cumplido con entregar toda lo que se han requerido, entre ellos más de 50 mil copias fotostáticas, es inverosímil que aún no se encuentre a algún responsable del desfalco.
Y más aún, prosiguió, resulta increíble que aún no se giren órdenes de aprehensión contra ex funcionarios del municipio, a los que parece se les está dando oportunidad de defender lo indefendible.
Reprochó que hasta ahora 3 peritos del Ministerio público han tenido conocimiento del caso, pero que le parece bastante cuestionable el hecho de que todo mundo se tarde tanto en resolver y proporcionar información sobre el tema.
Acusó que primero la ex tesorera municipal, Elena Peña Rangel, tardó meses en entregarnos la información requerida, “y una vez que la tuvimos, el perito nos requirió copias de muchos documentos, fueron quince mil copias que tuvimos que transportar en una camioneta”.
Más luego, prosiguió, el determinador, nos dijo que la información no le servía y nos pidió más, y a la fecha no ha entregado el peritaje”.
Por lo que han sido dos años y medio los que el caso ha estado empantanado en el MP, “siempre hay pretextos para no darle una resolución final al caso”.
Sin embargo, el integrante del ayuntamiento confió en que al proceso se le dé término en unas cuantas semanas, ya que tuvo conocimiento de que recientemente el auditor Rodolfo Picazo Molina, informó a los medios de comunicación que ya había un probable responsable, el ex tesorero, Trinidad Laguna Martínez.
Ex funcionario que tendría que regresar el dinero a través de un proceso resarcitorio para evitar la acción penal en su contra.