Radar Político: SUTSPEEH, el botín...

PACHUCA, Hgo. 19 de enero de 2026.- Creado hace casi 50 años como una organización sindical que agrupaba a los burócratas de los tres poderes del estado, el ahora Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo, se mantiene en una intensa crisis, en la que cayó a partir del 2022, cuando su entonces secretario general Víctor Licona Cervantes se reeligió de manera mañosa y un año después fue a dar a la cárcel, cuando le armaron un expediente por haber arrendado ilegalmente espacios de la unidad deportiva, momento en el que fue sustituido en el cargo por Manlio Herrera Chagoya, que durante años había perseguido la oportunidad de dirigir al SUTSPEEH y lo logró por imposición, hasta el 15 de julio del 2024 cuando lo forzaron a irse.

En sus inicios el sindicato fue una organización fuerte, pasaron por su dirigencia personajes como Gerardo Sosa Castelán, Sabas Arturo Salinas González y Camerina González Olvera, entre otros, cada uno con su historia; pero en los últimos meses también estuvo Israel Guarneros de manera interina y son cuatro quienes aspiran a asumir la secretaría general, Berenice Cornejo Ureña, Oscar Villamil García, Patricia Martínez González y Raúl González Gómez, pero ya se vieron el fin de semana las porquerías en las que incurrió el Colegio Electoral, que fue incapaz de llevar a cabo una elección sin la sospecha de injerencias externas a la organización.

Pero más allá de la elección de la dirigencia, hay una situación en la que no parecen hacerle mucho caso a los trabajadores agremiados, que es la exigencia de que se transparente el manejo de los recursos sindicales y se rinda cuentas de los muchos millones de pesos recolectados por concepto de cuotas y que junto con lo que les proporciona el ejecutivo, se han convertido en el botín que hoy se disputan varios con el pretexto de buscar el bienestar gremial.

¿PASE TURÍSTICO O MOTIVO DE EXTORSIÓN?...

A pesar de ser un modelo probado como fallido en otras entidades federativas, en las que el "requisito" se ha convertido en un motivo -otro más,- para extorsionar a los automovilistas, así como ocurre en el Estado de México, el llamado "Pase Turístico" se aplicará ahora sí de manera obligatoria en Hidalgo, como un documento que deberán portar los vehículos de 25 estados para poder circular en territorio hidalguense, así sea nada más de paso, situación que podría impactar negativamente en los esfuerzos institucionales para atraer al turismo, que con justa razón podrían decidir no venir, antes que exponerse a una multa, que va de los 2,348.20 pesos a los 3,519.30.

La aplicación de esta medida que fue aprobada desde julio del 2025, dependerá de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (SEMARNATH), que dirige Mónica Mixtega Trejo, sin que hasta el momento la Secretaría de Turismo y su titular Elizabeth Quintanar Gómez, se pronuncien en torno al documento que limitará la posibilidad de que muchos visitantes lleguen, pues aunque su trámite es en línea y gratuito, solo podrá hacerse dos veces al año, por 3, 7 y hasta 14 días, pero excluye a todo vehículo de modelo anterior al 2011, permitiendo únicamente circulen sin dicho permiso, las unidades con matrículas que pertenezcan a los estados de la Comisión Ambiental Megalópolis.

Si algunas corporaciones policiacas son abusivas, son las municipales, prácticamente sin excepción y la imposición del pase turístico equivale a darles herramientas, más bien, pretextos, para que asalten a los conductores como ocurre en el EdoMex en donde prácticamente todas las policías son sinónimo de corrupción y de robo en contra de aquellos a quienes deberían proteger pero no lo hacen. Esperemos que no ocurra así en Hidalgo, pero las condiciones están dadas para que así sea.

INFONAVIT, EN ENTREDICHO...

El otorgamiento de contratos en condiciones poco claras y bajo la sospecha de tráfico de influencias, mantiene en entredicho al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda los Trabajadores (INFONAVIT) que dirige Octavio Romero Oropeza; Y aunque ya han pasado algunas semanas desde que la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, ordenó investigar el contrato que por más de 1,084 millones de pesos, le dieron a los hermanos del diputado Ricardo Crespo Arroyo, Arturo y Gibrán, para construir 1,808 viviendas "del bienestar", pasan los días sin que se conozca el resultado de dicha investigación.

Es previsible que luego de las revelaciones periodísticas hechas hace una semana, ahora también se investigue el contrato que por 1,152 millones de pesos se le asignó a la empresa Dazna, para la construcción de 1,920 viviendas en Tepeji del Río, asunto en el que parece que hay mucho, pero mucho que indagar, porque solo así se explica que la firma, a manera de réplica, haya recurrido a la amenaza y a la denostación, lo que está muy lejos del ejercicio de un derecho y evidencia que por encima de un afán aclaratorio, prevalece la intención de amedrentar o al menos intentarlo.

Las amenazas veladas en contra de periodistas, no son una acción inteligente, pero sí es un acto muy revelador por parte de quien -invocando un derecho- recurre a ello. Octavio Romero no es el más recomendable de los funcionarios, tan solo hay que durante el tiempo que se desempeñó como director general de PEMEX es cuando más creció el robo de hidrocarburos. ¿Porqué no habrían de ser sospechosos los contratos que asigna?

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DE REFILÓN: Reconocer el trabajo de los elementos policiacos y respaldar su labor cuando actúan de manera correcta y en el marco de la ley, resulta fundamental para la buena marcha de las corporaciones, por ello en la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Pachuca, se recibió con muy buen agrado el anuncio hecho por el presidente municipal Jorge Alberto Reyes, en el sentido de que los uniformados serán beneficiados con un incremento salarial del 15%, orientado no nada más a mejorar sus percepciones salariales, sino sus condiciones laborales.

Pero más allá de eso, causó beneplácito entre los uniformados, el respaldo público que el Alcalde dio a los elementos que participaron en la intervención en el alcoholímetro, a un colaborador de la senadora Sandra Simey Olvera, ella prefirió darle al asunto un sesgo político y tomarlo como personal; pero en cambio el Presidente Municipal apoyó la labor policiaca, como también lo hicieron los ciudadanos.

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Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.