Laboratorio Público: Menos trámites para gobernar mejor

PACHUCA. Hgo 02 de febrero 2026.- Los trámites burocráticos son molestos. La presidenta Sheinbaum lo reconoció y, en respuesta, impulsó la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos con el propósito de modernizar y simplificar el marco de regulación administrativa. Su aplicación compete a todos los niveles de gobierno y obliga a revisar la forma en que se diseñan, gestionan y ofrecen procedimientos y servicios públicos.

La Ley plantea la eliminación de requisitos innecesarios, la digitalización de trámites y servicios, los cuales deberán someterse a análisis de impacto regulatorio. Asimismo, prevé la creación de un Portal Ciudadano Único y la interoperabilidad con plataformas como Llave MX, con el fin de reducir tiempos, costos y cargas administrativas para personas y empresas.

La piedra angular para el éxito de esta política es la armonización administrativa, es decir, la adecuación de ordenamientos locales, reglamentos y catálogos de trámites a criterios de simplificación, homologación de requisitos y establecimiento de plazos máximos de respuesta. Con ello se busca evitar duplicidades, discrecionalidad y procedimientos obsoletos.

Su implementación representa un desafío significativo para los gobiernos. Se requiere infraestructura tecnológica suficiente, capacidades técnicas para la digitalización, rediseño de procesos, profesionalización del personal y gestión del cambio al interior de las dependencias. A esto se suman las asimetrías entre entidades y municipios, que pueden limitar la adopción homogénea de los nuevos estándares.

Para la ciudadanía y los sujetos obligados también es un reto. La transición hacia servicios digitales implica adaptarse al uso de plataformas electrónicas, enfrentar brechas de conectividad y desarrollar habilidades tecnológicas. Al mismo tiempo, crece la expectativa de recibir servicios más ágiles, accesibles y con plena certeza jurídica.

Por ello, la aplicación efectiva debe partir de diagnósticos claros de los procesos existentes, priorizar la digitalización de los trámites más demandados o de mayor impacto social, establecer plazos e indicadores de desempeño y satisfacción, y habilitar mecanismos permanentes de retroalimentación con la población usuaria. Sin evidencia y medición, la simplificación se reduce a declaraciones formales.

La Ley no solo trata de reducir pasos o sustituir ventanillas por pantallas; supone un cambio estructural en la relación entre Estado y ciudadanía. Si se implementa con rigor técnico, coordinación intergubernamental y rendición de cuentas, puede fortalecer la transparencia, limitar la discrecionalidad y reconstruir la confianza pública.

La simplificación administrativa, bien ejecutada, no es un trámite menos: es una forma distinta de gobernar, más eficiente, más justa y más cercana a las personas.

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