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PACHUCA, Hgo. 09 de marzo del 2026.- Cada Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, las calles de México se llenan de consignas, carteles, rabia y memoria. No es una celebración; es una solicitud colectiva. Las marchas no nacen del capricho ni de una moda ideológica. Nacen de una realidad que persiste: feminicidios que se acumulan en las estadísticas, desapariciones de jóvenes universitarias, redes de trata que atraviesan fronteras y una violencia cotidiana que muchas mujeres viven en silencio dentro de sus propios hogares.
México ha sido escenario de algunos de los casos más dolorosos que han marcado el debate público sobre la violencia de género, como los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, que dieron origen al término Feminicidio en el debate jurídico y social latinoamericano. La antropóloga y política mexicana Marcela Lagarde explicó que el feminicidio no es solo un crimen contra una mujer, sino "el resultado de un sistema de desigualdad que permite que la violencia contra ellas se vuelva estructural".
Cuando miles de mujeres marchan cada 8 de marzo, lo que están diciendo es que ese sistema aún no es igualitario. Y si algo demuestra la historia reciente es que la desigualdad no comienza en la edad adulta. Empieza mucho antes. Empieza en la familia y en la escuela. La escuela es uno de los primeros espacios donde se construyen las ideas sobre lo que significa ser mujer o ser hombre. En el aula no solo se enseñan matemáticas o lenguaje; también se transmiten expectativas sociales, jerarquías simbólicas y formas de relacionarse. El contexto mexicano vuelve este debate especialmente urgente.
Según distintos diagnósticos académicos y organismos públicos, la violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los problemas sociales más persistentes del país. En comunidades rurales e indígenas, el peso de las tradiciones patriarcales puede reforzar dinámicas de subordinación que atraviesan generaciones. Estados como Hidalgo enfrentan un desafío adicional: la diversidad cultural y social implica que las políticas educativas deben dialogar con contextos urbanos, rurales e indígenas al mismo tiempo.
Hablar de equidad de género en educación no significa agregar un tema más al programa escolar ni limitarse a actividades conmemorativas cada marzo. Ni vestirse de color naranja cada 25 del mes. Significa modificar la cultura educativa. Y ahí está la paradoja mexicana. Mientras en algunos países el debate feminista gira en torno al techo de cristal o a la representación política, en México la discusión sigue siendo, antes que nada, una cuestión de supervivencia. No es solo igualdad salarial ni acceso a puestos directivos: es el derecho elemental a volver a casa con vida.
Las cifras son brutales. En México son asesinadas en promedio alrededor de 11 mujeres al día, entre feminicidios y homicidios dolosos. En el estado de Hidalgo, los registros oficiales reportaron más de 3,318 mujeres víctimas de distintos delitos en 2025, desde violencia familiar hasta agresiones físicas. Y detrás de cada número hay una historia, una familia rota, una ausencia que no aparece en los discursos institucionales.
Por eso el 8 de marzo no es una fecha cómoda. Es incómoda porque obliga a mirar un problema que atraviesa toda la sociedad: el peso histórico del machismo. En muchas comunidades rurales e indígenas, pero también en las ciudades, la figura masculina sigue ocupando un lugar de autoridad incuestionable, una herencia cultural que durante décadas ha normalizado la subordinación femenina. No se trata de negar tradiciones ni identidades; se trata de reconocer que cuando la autoridad se convierte en dominio, la cultura deja de ser identidad y se vuelve violencia.
Si la escuela no cuestiona esas jerarquías, las reproduce. Si el aula guarda silencio frente a la desigualdad, la legitima. Y entonces las marchas del 8 de marzo seguirán llenando las calles cada año, no para celebrar lo alcanzado, sino para recordar lo que aún falta: un país donde ser mujer no sea un riesgo.
Las de chile seco
El día que no marchen, México habrá cambiado
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