Ayotzinapa entre sombras: La deuda de AMLO

PACHUCA, Hgo., 22 de septiembre de 2026.- El 1 de julio de 2012, Enrique Peña Nieto resultó vencedor en las elecciones para la Presidencia de la República con el 38.21% de los votos, 6.6 puntos por encima de su más cercano contendiente, Andrés Manuel López Obrador. Peña Nieto, caracterizado por su carisma y trato afable, asumió el poder con una oposición dispuesta a construir acuerdos.

Esa disposición se materializó el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de posesión, con la firma del Pacto por México entre el PRI, PAN y PRD. El acuerdo posibilitó un ciclo reformista sin precedentes, destacando la reforma educativa y la energética. En el plano internacional, México fue percibido como un país capaz de lograr consensos internos y abierto a la inversión extranjera.

Un ejemplo paradigmático de ese momento fue Ciudad del Carmen. Quienes conocimos el auge de aquella ciudad constatamos una economía radicalmente distinta a la actual. Helicópteros sobrevolando la Sonda de Campeche desde las primeras horas del día hasta la puesta del sol, vuelos y embarcaciones provenientes de todo el mundo, aviones privados y la presencia de artistas de talla internacional en una isla de apenas 200 mil habitantes, eran el reflejo de un municipio que sostenía la principal extracción de la mezcla petrolera nacional.

Ese ciclo se interrumpió abruptamente la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con las constancias de la investigación inicial, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa tomó autobuses de pasajeros con la finalidad de trasladarse a la Ciudad de México para participar en la conmemoración del 2 de octubre. En el municipio de Iguala, Guerrero, dicho grupo fue interceptado y agredido por miembros de la delincuencia organizada en colusión con autoridades locales, hecho que derivó en el homicidio de varias personas y la desaparición de 43 normalistas. A más de una década de los hechos, solo han sido localizados e identificados los restos de un número reducido de estudiantes.

La respuesta del Estado mexicano evidenció una profunda crisis de comunicación y de procuración de justicia. La entonces Procuraduría General de la República, a través de su titular Jesús Murillo Karam, presentó la denominada "verdad histórica". La falta de solidez pericial de dicha hipótesis y el desafortunado episodio en que, al finalizar una conferencia de prensa, el procurador olvidó apagar su micrófono y expresó "ya me cansé", pulverizaron la credibilidad institucional.
La entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desplazó personal al lugar de los hechos. Sin embargo, ante la multiplicidad de interrogantes de los medios de comunicación y de la sociedad civil, el Estado ofreció escasas respuestas verificables, lo que provocó un desplome en la aprobación presidencial.
Ese vacío fue capitalizado políticamente por la oposición, particularmente por el entonces recién creado partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), que convirtió el caso en un símbolo del agotamiento del modelo político, asociado a la corrupción y a los atropellos de la clase política.

A partir de 2014, el caso Ayotzinapa se convirtió en la principal bandera política de Andrés Manuel López Obrador, lo que contribuyó a su triunfo electoral en 2018 bajo la promesa de esclarecer el caso y erradicar la corrupción.
Una vez en el poder, la investigación tomó un giro sustancial. En lugar de priorizar la captura y el enjuiciamiento de los miembros de la delincuencia organizada que participaron materialmente en los hechos, la estrategia de la Fiscalía se reorientó hacia la persecución de policías, militares, ministerios públicos y peritos que habían intervenido en la investigación inicial.
El tipo penal utilizado para ello fue el de tortura, previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, específicamente en sus artículos 26 y 27, cuya penalidad puede alcanzar hasta 30 años de prisión en su modalidad agravada.

El razonamiento jurídico que subyace a esta estrategia plantea una grave distorsión del sistema de justicia penal: el imputado por desaparición forzada o por homicidio, conocedor de las elevadas penas de dichos delitos, alega en su defensa haber sido torturado. A partir de esa sola manifestación, sin corroboración pericial conforme al Protocolo de Estambul, la autoridad investigadora inicia una carpeta contra el servidor público y, en aplicación de la regla de exclusión probatoria por violación al debido proceso, deja sin efectos la confesión y, en ocasiones, la totalidad de la investigación, beneficiando indirectamente al presunto delincuente.
En los hechos, durante la administración 2018-2024, se observó que resultaba más sencillo detener a quien se encontraba en su oficina y era localizable, que desplegar capacidades de inteligencia para aprehender a miembros de la delincuencia organizada.

Ante la desconfianza en las instituciones nacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar en la investigación. Las diferencias entre el GIEI y el gobierno federal se hicieron públicas a partir de 2022.

En septiembre de 2022, tras la presentación del segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), los padres de los normalistas desaparecidos expresaron su inconformidad. Señalaron que las conclusiones eran similares a las que en su momento criticaron de la administración de Peña Nieto y que tenían por objeto exculpar a instituciones como el Ejército Mexicano.

Este artículo no pretende tomar postura sobre si el informe de la CoVAJ está correctamente fundado o si defiende indebidamente a instituciones del Estado que pudieran estar involucradas. La crítica central es de orden institucional: quien desde la oposición exigió verdad y criticó severamente la versión oficial, una vez en el ejercicio del poder, presentó un informe sin incorporar ni reconocer los cuestionamientos de las víctimas indirectas, replicando el mismo modelo de comunicación unilateral que antes había condenado.

El resultado de este proceso es una justicia selectiva y estratificada. Quienes hoy enfrentan procesos penales privados de la libertad son, en su mayoría, policías municipales, investigadores de bajo nivel y operadores, así como uno que otro mando superior, sin que hasta ahora se haya logrado acreditar en juicio, con estándar de prueba más allá de toda duda razonable, su responsabilidad penal por los hechos de desaparición.

Se utiliza así el atributo más delicado del Estado, la potestad punitiva y la impartición de justicia, para castigar a los eslabones menos poderosos de la cadena, mientras los autores materiales e intelectuales vinculados a la delincuencia organizada permanecen prófugos o son liberados por violaciones formales al procedimiento. Esto contraviene los principios consagrados en los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso.

Ayotzinapa no es solo la desaparición de 43 jóvenes. Es el espejo de dos modelos fallidos de procuración de justicia: uno que pretendió cerrar el caso con una verdad insostenible y otro que pretendió reabrirlo criminalizando a sus propios investigadores.
El próximo 26 de septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentará un nuevo informe sobre el caso. Más allá de la popularidad o el costo político, el Estado mexicano tiene una obligación constitucional y convencional: decir la verdad. La única reparación posible para los padres de los 43 normalistas es superar la incertidumbre. Porque no existe dolor más profundo para una persona que la falta de certeza sobre la vida o la muerte de un hijo.

La justicia no puede seguir siendo utilizada como instrumento de revancha política. Debe volver a ser lo que la Constitución ordena: un mecanismo para perseguir a los verdaderos delincuentes con respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los involucrados, incluidos los propios servidores públicos.

Hoy, más de una década después, el caso continúa abierto y las autoridades mantienen nuevas líneas de investigación. El tiempo transcurrido no disminuye la obligación del Estado; por el contrario, hace más urgente que cada nueva actuación esté sustentada en evidencia y pueda ser explicada públicamente. Las madres y los padres de los estudiantes no necesitan una narrativa políticamente conveniente; necesitan respuestas verificables, responsables identificados conforme a la ley y certeza sobre el destino de sus hijos.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.