Autoritarismo, división social y Estado de Derecho en México

PACHUCA, Hgo., 19 de mayo de 2026.- El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. El país enfrentaba entonces una de sus peores crisis económicas y políticas. Derrotada en la Primera Guerra Mundial, Alemania había sido obligada por el Tratado de Versalles a pagar reparaciones estratosféricas, además de soportar sanciones impuestas por las potencias vencedoras.

Esa desgracia fue aprovechada por el "Führer" como oportunidad política. Su estrategia fue tajante y maquiavélica: dividir a los alemanes. Atribuyó la culpa de la crisis a los judíos y logró que amplios sectores creyeran ese discurso. El 15 de septiembre de 1935, mediante las Leyes de Núremberg, institucionalizó el antisemitismo y condenó a ese pueblo a una de las peores tragedias de la humanidad.

En 1945, Adolf Hitler se suicidó y Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial. Esta historia debe servirnos para no repetirla. Desde el Derecho constitucional, la lección es clara: la concentración del poder en una sola persona genera autoritarismo y produce un desequilibrio peligroso para la gobernabilidad democrática.

En México, en julio de 2018, en medio de una crisis política propiciada por el hartazgo frente a la corrupción y la inseguridad, la ciudadanía optó en las urnas por una alternativa que, apenas seis años antes, era percibida como peligrosa para la sociedad. Así llegó al poder un partido relativamente nuevo.
Sus primeros discursos se enfocaron en dividir al pueblo. Se descalificó a los gobiernos anteriores como "la mafia del poder" y se construyó un discurso adverso contra quienes pensaban diferente, a quienes se etiquetó como "aspiracionistas" y como integrantes de una "clase media" renuente a apoyar al nuevo proyecto.

El éxito de esa narrativa fue tal que disentir implicaba enfrentar descalificaciones públicas bajo el argumento de haber sido beneficiario del régimen anterior. México, tristemente, se dividió.

El marco jurídico no tardó en instrumentalizarse. Con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, se impulsaron reformas legales orientadas a favorecer a los seguidores del gobierno mediante "programas sociales", mientras se endurecía, al menos en materia fiscal, el trato hacia la denominada clase media.

Han transcurrido más de siete años. Deben reconocerse avances en algunas áreas, como la disminución de la población en pobreza extrema. Sin embargo, en otros rubros el deterioro es evidente.

En salud, si bien el personal médico actúa con eficiencia y vocación, es frecuente la carencia de medicamentos y de equipo, por lo que se traslada al paciente la carga de adquirirlos.

En educación, las sucesivas modificaciones no propician la excelencia, sino que incentivan la mediocridad al impedir la reprobación pese a inasistencias, bajo rendimiento en exámenes y mala conducta. El intento reciente de reducir en más de un mes el calendario escolar, revertido solo por la presión social, ilustra la incoherencia de la política educativa.

En seguridad y justicia penal, se privilegia el encarcelamiento de delincuentes de baja peligrosidad para presentar estadísticas de combate a la delincuencia, mientras se niegan salidas alternas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales bajo el argumento de mantener a los imputados en prisión.
¿Pero quiénes ocupan las cárceles? Como ha señalado el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, el sistema punitivo es selectivo: las prisiones están llenas de pobres, de personas que cometen delitos patrimoniales o de narcomenudistas de subsistencia, no de delincuentes de cuello blanco ni de responsables de hechos de corrupción.

Hoy observamos a un gobierno federal que no respeta la Ley de Extradición Internacional y que, lejos de fundar y motivar sus actos como lo exige el artículo 16 constitucional, recurre a discursos que dividen aún más a los mexicanos. A quien disiente se le califica de "conservador", pero no se explica jurídicamente por qué se incumple la ley.

No se trata de extraditar automáticamente a toda persona solicitada por otro Estado. Se trata de cumplir con el procedimiento legal previsto en la Ley de Extradición Internacional y en los tratados internacionales de los que México es parte, garantizando debido proceso, bilateralidad y control judicial.

Sería deseable que el Ejecutivo federal, en lugar de atribuir responsabilidades a administraciones que dejaron de dirigir el país hace más de siete años, explicara con fundamentos jurídicos por qué defiende a personas requeridas en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.

Amigo lector, si usted también ha visto deteriorarse relaciones con familiares o amistades por pensar diferente, producto de discursos oficiales de confrontación, reflexione. Alemania es uno de los ejemplos más claros de que los gobiernos sin contrapesos ni oposición efectiva derivan en autoritarismo y conducen a las naciones a la desgracia.

Reconcíliese con su familiar o amigo. Y, como ciudadanos, exijamos lo que el Derecho impone: que el gobierno cumpla con su función dentro del marco de la Constitución, respete la división de poderes y someta todo acto de autoridad al principio de legalidad.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.