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ATOTONILCO DE TULA, Hgo., 28 de mayo de 2026.– La aprobación del proyecto para construir 200 Viviendas del Bienestar en la comunidad de Cañada quedó suspendida de manera indefinida, luego de que la sesión extraordinaria de cabildo convocada este jueves fuera enviada a receso ante supuesta falta de condiciones para desarrollarse.
La iniciativa de edificación, impulsada por el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Yocelyn Tovar Mendoza, contemplaba la edificación de las viviendas en el predio denominado Cañada Loma del Pozo I, espacio que actualmente funciona como un panteón rústico y donde ya existen inhumaciones.
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La suspensión ocurrió en medio de una fuerte oposición de habitantes de Cañada, quienes acudieron a la sesión para expresar su rechazo al proyecto. Con ello, la iniciativa quedó en pausa, sin ser aprobada ni desechada por el cabildo.
Durante la discusión, la presidenta municipal sostuvo que las casas estarían destinadas únicamente a habitantes de Atotonilco de Tula, principalmente personas en situación vulnerable, como madres solteras, adultos mayores y jóvenes sin acceso a créditos de vivienda o seguridad social.
Asimismo, señaló que la autorización del proyecto permitiría consolidar las gestiones para la perforación de un nuevo pozo de agua para la comunidad, lo que fue interpretado por algunos asistentes como un condicionamiento entre ambas obras.
Las inconformidades surgieron principalmente por la intención de utilizar un predio considerado camposanto para el nuevo desarrollo urbano. Vecinos señalaron que el terreno merece respeto debido a que ya existen personas sepultadas en el lugar.
El delegado de Cañada, Omar Daniel López, señaló además que la comunidad no cuenta con la infraestructura suficiente para soportar un desarrollo habitacional de gran tamaño. Expuso carencias en agua potable, drenaje, seguridad, escuelas y vialidades deterioradas.
Regidores y miembros del ayuntamiento también expresaron reservas.
El regidor Melitón Hurtado Altamirano afirmó no contar con información suficiente del proyecto, al señalar que no hubo mesas de análisis previas abiertas para todos los integrantes del cabildo.
Por su parte, la síndica jurídica María Isabel García Ramírez cuestionó que la construcción de un pozo pudiera estar vinculada a la aprobación del desarrollo, además de advertir sobre la falta de claridad respecto a un presunto cárcamo valuado en alrededor de 10 millones de pesos.
La regidora Arely Miranda Ayala sostuvo que no existen elementos suficientes para emitir una votación informada, al no contar con convenios ni documentación que detalle el alcance real del proyecto.
Pobladores advirtieron finalmente que no permitirán la construcción de las Viviendas del Bienestar sin antes realizar una consulta ciudadana para determinar si existe respaldo social a la propuesta.