El calvario para los automovilistas que cruzan El Arco Norte

PACHUCA, Hgo., 07 de julio de 2026.-  El Libramiento Norte de la Ciudad de México, mejor conocido como Arco Norte, inició su construcción en 2006 y fue inaugurado en 2009 por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa.
La obra fue concebida para desahogar el tránsito del transporte que se desplaza del sur al norte del país y viceversa, evitando el paso por la Zona Metropolitana del Valle de México. Actualmente es operada y administrada por Autopista Arco Norte, S.A. de C.V., empresa filial de Grupo Carso.

En su etapa inicial se estimaba un aforo de 6,000 vehículos diarios. De acuerdo con estimaciones no oficiales, hoy circulan aproximadamente 17,000 vehículos al día. La vía, que en su momento alivió los problemas de tránsito del centro del país y fue considerada una autopista de primera calidad, ha sido rebasada por el volumen de usuarios y por la ausencia de obras de modernización y conservación.

De extremo a extremo recorre 223 kilómetros, desde San Martín Texmelucan, Puebla, hasta Atlacomulco, Estado de México, con un costo de $633.00 pesos por automóvil en recorrido completo, incrementándose de forma significativa para autobuses y transporte de carga. Si en un principio el trayecto se realizaba en aproximadamente dos horas, actualmente, por las condiciones deplorables de la carpeta asfáltica, las constantes obras menores, los retenes implementados por el Gobierno Federal para inhibir delitos y la alta incidencia de siniestros viales, el tiempo de traslado se ha incrementado considerablemente.

El pasado 3 de julio, en un operativo dirigido por la Fiscalía General de la República, delegación Hidalgo, se logró el aseguramiento de 50 kilogramos de metanfetamina, de una camioneta y de la persona que transportaba la carga. Si bien el hecho acredita labores de inteligencia, también evidencia que esta vía de comunicación es utilizada para el trasiego de drogas y la comisión de otros ilícitos.

En materia de seguridad, se estima que tan solo en el tramo que atraviesa el estado de Hidalgo se cometen más de 100 robos y asaltos al año, lo que la convierte en una de las carreteras más peligrosas del país.

Lo que comenzó como una solución al congestionamiento vehicular en el centro del territorio nacional se ha convertido en un calvario para sus usuarios. En diversos tramos la vía es casi intransitable. No existió planeación para su mantenimiento preventivo y correctivo. La circulación de camiones con exceso de carga ha deteriorado significativamente la carpeta de rodamiento, al grado de observarse vehículos de carga pesada transitando por ambos carriles debido a las pésimas condiciones del pavimento.

Se calcula que por concepto de peaje ingresan más de diez millones de pesos diarios, lo que permite advertir que dichos recursos no se destinan a la conservación de la vía. Esta omisión genera descomposturas mecánicas, sustitución anticipada de refacciones, siniestros viales, pérdida de vidas humanas y mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia cuando el usuario es víctima de asalto y opone resistencia.

El caso del Arco Norte no debe analizarse únicamente como un problema de infraestructura, sino como un posible incumplimiento del régimen jurídico de la concesión federal.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que se requiere concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes federales. El título de concesión, conforme al artículo 15 de la ley indicada, debe prever expresamente los derechos y obligaciones de los concesionarios, las bases de regulación tarifaria y el monto del fondo de reserva destinado a la conservación y mantenimiento de la vía.

Asimismo, el artículo 62 del mismo ordenamiento, dispone que los concesionarios están obligados a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso, mientras que el artículo 70 faculta a la Secretaría para ejercer inspección, verificación y vigilancia técnica y normativa a fin de garantizar el cumplimiento de la Ley.

Bajo este marco, el cobro de peaje no es una contraprestación aislada, sino la correlación de una obligación de resultado: ofrecer una vía segura, transitable y en condiciones óptimas de servicio. La persistencia de baches, la falta de señalización adecuada, la ausencia de mantenimiento mayor y la inseguridad documentada configuran indicios de responsabilidad administrativa y civil del concesionario, así como de omisión en la función de vigilancia del Estado.

No nos oponemos al peaje como mecanismo de financiamiento de infraestructura carretera. Nos pronunciamos por un enérgico reclamo, jurídicamente fundado, dirigido tanto a la empresa concesionaria como a las autoridades competentes, para que se audite el destino del fondo de reserva, se exija el cumplimiento del programa de conservación y se inyecten los recursos necesarios para la reconstrucción integral de esta vía estratégica para el centro del país.

La seguridad vial es un derecho del usuario, no una concesión graciosa del concesionario.

Hasta cuándo los usuarios seguirán pagando por una autopista que a prometido ser desde el 2009 de primer nivel, mientras se recibe un servicio que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y calidad que la ley exige?

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.