Ayotzinapa entre sombras: La deuda de AMLO
PACHUCA, Hgo., 20 de julio de 2026.- Cuando detuvieron a Guillermo Álvarez Cuevas en enero del 2025, pesaban sobre él acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 114 millones de pesos, en el lugar donde lo aseguraron, se dijo que le encontraron casi 250 mil pesos; 16 meses después falleció como inocente, sin que le probaran uno solo de los señalamientos o imputaciones en su contra; pero ahora se sabe que días antes de su fallecimiento, entre el 19 y 21 de mayo, un contador de la Cooperativa Cruz Azul, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y ha otorgado lo necesario para investigar al director jurídico de la cementera, Rafael Anzures Ortiz, a quién le imputan una participación decisiva en el desvío de al menos mil 100 millones de pesos y lavado de dinero por 53.5 millones de dólares.
Los escándalos no terminan en la Cruz Azul, está pendiente el proceso al ex-director financiero Juan Manuel Briseño González, quien se encuentra preso, según su defensa porque le han fabricado delitos de carácter sexual por no avalar el saqueo que la actual dirigencia está haciendo de la empresa; y ahora se suman las acusaciones ante la FGR, el SAT y la UIF, de las que el denunciante da santo y seña, explicando cómo fue la compra de vehículos de lujo e inmuebles en zonas exclusivas por parte de Anzures y cómo se realizaron los pagos de tarjetas de crédito hasta por 300 millones de pesos a lo largo de cinco años, cuando "Billy" Álvarez ya no estaba en la dirección.
Tan solo en lo que se refiere a automóviles de alta gama, se especifica el gasto de 160 millones de pesos en la adquisición de 18 unidades; la compra de un departamento en Florida, una casa en San Ángel Inn, un inmueble más en Avandaro, Valle de Bravo; depósitos a empresas factureras, la realización de contratos fraudulentos; pago de servicios legales no prestados, la compra ficticia de insumos para la cementera y la triangulación de recursos, utilizando cuentas diversas para el blanqueo de dinero.
El actual director general de la Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel, no ha fijado una postura pública en torno a las acusaciones hacia el responsable del área jurídica, pero se vuelve obligada su colaboración con las autoridades, sobre todo por las sospechas de que la empresa ha sido utilizada para el lavado de dinero, lo que la ubicaría en el gran engranaje de la delincuencia organizada; y todavía está por avanzarse en la investigación por la supuesta compra fraudulenta de coque en los Estados Unidos, como combustible por 50 millones de dólares, operación que según Juan Manuel Briseño, involucra a personas cercanas al director. ¿Para eso querían el control de la cooperativa?, quizás por ello fue toda la maniobra para sacar a Álvarez Cuevas de la empresa.
EXONERAN A EX-RECTOR...
Luego de más de un año de indagatorias y proceso, el juez David Adrián Martínez Santiago, determinó un auto de no vinculación en favor del ex-rector Adolfo Pontigo Loyola; la ex-coordinadora de Finanzas, Gabriela Mejía Valencia y la ex-directora de Recursos Financieros, Estela Galindo Ortega, tras considerar que el ministerio público, la Fiscalía General de la República, no logró demostrar el presunto desvío de 5 millones 923 mil 880 pesos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) que les atribuían.
En cambio la defensa del ex-rector y las dos ex-funcionarias, sí comprobó que fue legal el depósito que de dicho dinero proveniente de recursos federales del 2018, se realizó al fideicomiso integrado como parte del Plan de Beneficios Sociales Múltiples, que pertenece a los docentes y que por voluntad de los mismos, está destinado al pago de diversas prestaciones relacionadas con retiro y jubilaciones, por lo que no hubo peculado alguno como se señalaba en la causa penal 604/2025.
La misma Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, confirmó la resolución judicial que exonera a Pontigo Loyola.
EX-LIDERESA LA LIBRA...
Detenida en agosto del 2014 y liberada en septiembre del 2015, la ex-secretaria general de la sección 15 del SNTE, Mirna García López, fue acusada del robo agravado de 123 millones de pesos, dinero que presuntamente habría desviado entre el 2007 y 2011, periodo en el que estuvo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Hidalgo, etapa en la que también se confrontó con el entonces gobernador Miguel Ángel Osorio Chong, que años después ya como secretario de Gobernación federal, impulsó su encarcelamiento.
Sin embargo, tras casi 11 años de haber sido liberada y considerarse prófuga desde entonces, está por librar las acusaciones que constan en la carpeta de investigación 12/DAP/R/III/1985/2014 y la causa penal 130/2014, luego de que la juez 1ª de distrito Bertha Patricia Orozco Hernández, ha ordenado la cancelación de la orden de aprehensión en su contra, al actualizarse la causal de sobreseimiento por prescripción, ya que ha transcurrido más de una década sin que se sepa de su paradero, ni de la actuación judicial en el expediente 1259/2018 y la toca 20/2026.
Pero la actual dirigencia de la sección 15 del SNTE se ha inconformado con la decisión de la juez, por lo que será hasta que se resuelva dicha apelación cuando se sepa con certeza si surte efectos el sobreseimiento o no. Extrañamente la diputada de Nueva Alianza Hidalgo, Mónica Leanett Reyes Martínez, declaró ante medios de comunicación que ella confía en que "el Poder Judicial resolverá este tema sin interferencias políticas ni sindicales", por lo que surge la duda a cerca de qué lado juega la legisladora, porque si el SNTE interviene, es porque eran recursos de esa organización y, si no quiere injerencias políticas, qué hace una representante popular pronunciándose al respecto.
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DE REFILÓN: La representación en Hidalgo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, vuelve a hacer el ridículo en cuanto a Huapalcalco, pues esta semana se conoció que al resolverse un juicio de amparo promovido por el particular Francisco Marroquín Cuevas, un juez de distrito revocó la declaratoria como Zona de Monumentos Arqueológicos, de esta importante área ubicada en Tulancingo.
Según la dependencia que desde noviembre del 2025 dirige Manuel Villaruel Vázquez, ello no le quita la protección jurídica a Huapalcalco, porque ésta está sujeta a la Ley Federal sobre Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos, pero ocultaron la resolución del juzgado por más de un mes, porque se echa abajo un trabajo que se realizó durante muchos años impulsado por asociaciones civiles, vecinos y legisladores, pero resulta evidente que el INAH Hidalgo, no hizo su trabajo.
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