La diplomacia del espectáculo mundialista

PACHUCA, Hgo., 21 de julio de 2026.- El once de junio pasado se inauguró en la Ciudad de México la Copa Mundial de Fútbol 2026. Poco más de un mes después, el domingo anterior se disputó la final en Nueva York, donde España se impuso a Argentina y obtuvo el primer lugar.

El viernes previo a la final, la Presidenta de la República informó que había recibido una invitación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para asistir a dicho evento, invitación que aceptó con gusto. Trató de trasladarse en vuelo comercial, pero al no ser posible, abordó una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional para asistir.

La reunión entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de los Estados Unidos habría sido la nota de la semana, de no ser por los antecedentes que la precedieron.

Desde hace dos años, las relaciones entre México y los Estados Unidos no han sido fáciles. Desde la llegada de Trump a la presidencia, México ha sido colocado en una posición de vulnerabilidad permanente.

Un antecedente paradigmático ocurrió en 2024, cuando Ismael "El Mayo" Zambada apareció viajando hacia los Estados Unidos para ser entregado por el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán en un aeropuerto cercano a Santa Teresa. Desde ese momento, el gobierno mexicano ha solicitado al gobierno estadounidense un informe circunstanciado sobre las condiciones de dicha detención.
Hasta la fecha, la información no ha sido proporcionada de manera clara. Ello no sorprende. Estados Unidos nunca se ha caracterizado por ceder ante presiones extranjeras. De ahí la relevancia jurídica y política del viaje presidencial.

Conforme al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la conducción de la política exterior debe regirse por los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias y respeto a la igualdad jurídica de los Estados. Todo encuentro bilateral debe evaluarse bajo esos parámetros.

En meses pasados surgió una controversia que no ha sido dirimida, relacionada con la gobernadora de Chihuahua y la presunta incursión de agentes estadounidenses en suelo mexicano sin la autorización del Senado de la República.

La Presidenta se mostró indignada por el actuar de las agencias de seguridad de los Estados Unidos y por la omisión de la gobernadora de informar sobre el ingreso de dichos agentes.

El artículo 76, fracción I, constitucional establece como facultad exclusiva del Senado autorizar la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional. La Ley de Seguridad Nacional y la Ley Federal de Transparencia en materia de cooperación internacional son claras: cualquier operativo con agentes extranjeros requiere convenio formal, control y autorización legislativa. Su inobservancia constituye una violación directa al principio de soberanía nacional consagrado en el artículo 39 constitucional.

Paralelamente, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado investigaciones contra políticos ligados al partido en el poder, ejerciendo presión política a cambio de beneficios en otras áreas de la negociación bilateral.

Resulta jurídicamente relevante que la Presidenta accediera con celeridad a la invitación de su homólogo estadounidense para acudir a uno de los eventos más costosos en la historia.

Este hecho contrasta con la decisión previa de no asistir a la inauguración del Mundial en México, bajo el argumento de que se trataba de un evento oneroso, accesible solo para una parte de la población.

El uso de una aeronave militar para un evento de carácter deportivo y protocolario obliga a analizar la Ley Federal de Austeridad Republicana y los Lineamientos para el uso de aeronaves del Estado. El principio de economía, racionalidad y justificación del gasto público exige que todo desplazamiento oficial esté debidamente fundado y motivado, especialmente cuando existe una alternativa comercial disponible.

Lo deseable habría sido que la mandataria federal aprovechara el encuentro para abordar los temas estructurales de la agenda bilateral y que dichos temas se resolvieran. Entre ellos, la reafirmación de que México no acepta ninguna forma de intervencionismo.

Otro tema ineludible es el de los aranceles impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, que han mantenido en incertidumbre a la economía nacional. Era la oportunidad para conversar sobre el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, y la necesidad de ratificarlo y extender su vigencia con certidumbre jurídica para los inversionistas.

Aprovechando la presencia del Rey de España en el evento, se esperaría, en la lógica discursiva del actual gobierno, que el Estado español ofreciera disculpas por hechos ocurridos hace 500 años, cuando México como Estado-nación aún no existía. Resultó paradójico observar en televisión a la presidenta Claudia Sheinbaum entregando simbólicamente oro a España, acto que ella misma ha criticado en reiteradas ocasiones.

El Derecho no puede ser rehén del espectáculo. La política exterior mexicana requiere congruencia entre el discurso de soberanía y los actos de gobierno, legalidad en la cooperación en materia de seguridad y transparencia en el uso de recursos públicos.

Más allá de la foto oficial en un palco, la pregunta de fondo que debe responder la doctrina constitucional es si el Estado mexicano está ejerciendo su soberanía conforme a los principios del artículo 89 constitucional, o si la está administrando al ritmo de invitaciones protocolarias.

¿Tenemos el gobierno que merecemos? Desde el punto de vista jurídico, tenemos el gobierno que tolera la falta de controles constitucionales efectivos.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.