La UNAM, entre la vergüenza y el ejemplo

PACHUCA, Hgo., 11 de agosto de 2026.- La Universidad Nacional Autónoma de México acaba de atravesar uno de sus episodios más vergonzosos en décadas y, al mismo tiempo, ha dado una de las lecciones más necesarias de responsabilidad pública en el país.

La UNAM, como coloquialmente la conocemos, fue creada por Real Cédula de Carlos V el 21 de septiembre de 1551 como Real y Pontificia Universidad de México. Es la universidad más antigua del continente americano.

En 1865 fue clausurada por orden del emperador Maximiliano de Habsburgo y no fue sino hasta 1910 que el general Porfirio Díaz la reinauguró como Universidad Nacional de México.

En 1929, tras una huelga estudiantil, el presidente Emilio Portes Gil reconoció su autonomía y desde entonces es la Universidad Nacional Autónoma de México. Su autonomía, consagrada en la fracción VII del artículo 3o. constitucional, significa que cuenta con patrimonio propio y que el gobierno no interviene en sus planes de estudio ni en sus métodos de enseñanza. De ahí deriva su libertad de cátedra.

Por sus aulas han pasado tres premios Nobel. Por sí sola produce más del 50 por ciento de la investigación científica del país. Con más de 373 mil estudiantes, es la universidad más grande de América Latina y está considerada entre las 100 mejores del mundo.
El término universidad viene de universitas, diversidad en la unidad. Gobernar esa diversidad siempre ha sido complejo. Muchos recordamos la huelga de 1999 y principios de 2000, que mantuvo ocupadas las instalaciones por más de diez meses en protesta contra el aumento de cuotas. Entre sus voceros se encontraba El Mosh. Aquella crisis concluyó con el ingreso de la entonces Policía Federal Preventiva.

Este periodo de ingreso a licenciatura volvió a poner a la UNAM en las noticias por la razón equivocada. La institución firmó un contrato con la empresa Territorium Life, S.A.P.I. de C.V., por un monto de hasta $101,757,810 pesos, para que realizara la totalidad de los exámenes de admisión a nivel licenciatura completamente en línea.

El sistema fue vulnerado. Se documentó venta de respuestas y suplantación de aspirantes. En redes sociales como TikTok se ofrecían tutoriales y paquetes con las respuestas.

Ante la gravedad del caso, el rector Leonardo Lomelí Vanegas tuvo que salir a dar la cara. Anunció la reprogramación de los exámenes, que ahora se realizarán de forma presencial entre el 12 y el 19 de agosto de este año, y la terminación anticipada del contrato con Territorium.

Anunció también tres auditorías internas y externas a dicho contrato y, hasta el momento, al menos cinco denuncias penales en contra de quien resulte responsable. En el ámbito político, se confirmó la salida de Patricia Dolores Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, quien tenía bajo su responsabilidad el área encargada de la admisión y de la firma del contrato.
El costo humano es alto. Más de 58 mil aspirantes tendrán que volver a presentar su examen. Muchos que ya se consideraban admitidos y que esperaban iniciar clases este 10 de agosto deberán demostrar que la calificación obtenida no fue producto de fraude.

Aunque el escándalo es mayúsculo, hay que reconocer lo esencial, la UNAM no permitió que el fraude se consumara. No aceptó el ingreso de estudiantes que, en algunos casos, no están aptos para el nivel superior en esa institución. Asumió el costo político, económico y de imagen de anular y reponer todo el proceso.

Eso es jurídicamente relevante. La autonomía no es impunidad. Implica capacidad para contratar, pero también obligación de rescindir, de auditar, de denunciar penalmente y de remover a los responsables administrativos. Eso hizo la UNAM.

Este gesto debe resaltarse porque en México abundan las arbitrariedades y las obras fallidas sin responsabilidad.
Basta recordar el descarrilamiento del Tren Interoceánico en diciembre de 2025, con 14 personas fallecidas y más de 100 heridas; el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 migrantes y 27 resultaron con lesiones graves; en Hidalgo, el Hospital General de Pachuca inaugurado el último día de la administración anterior y que nunca ha abierto porque no cumple la normatividad; la inversión de más de 800 millones de pesos del gobierno de Hidalgo en Accendo Banco, recursos etiquetados cuyo desvío ya es delito, que desaparecieron cuando el banco quebró.

En ninguno de esos casos ha habido una cadena clara de consecuencias como la que hoy vemos en la UNAM.

La vergüenza es innegable. Pero el ejemplo también lo es. Si algo puede dejar este caso, como aprendizaje para otras instituciones, es esto:

1. Contratación pública con controles reales. Ningún examen de alto impacto debe depender de un solo proveedor sin pruebas piloto, auditoría tecnológica previa y cláusulas penales ejecutables.
2. Trazabilidad tecnológica. Implementar candados como autenticación biométrica, supervisión aleatoria presencial y sistemas que impidan la suplantación, sin violar la privacidad.
3. Transparencia proactiva. Publicar versión íntegra de contratos, anexos técnicos y dictámenes de auditoría, no solo comunicados.
4. Responsabilidad efectiva. Que las denuncias penales y los procedimientos de responsabilidad administrativa lleguen a sanciones, no solo a anuncios.
   La UNAM falló en la contratación y en la vigilancia de un proceso clave. Pero acertó en lo que más falta hace en México: reconocer el fraude, detenerlo, asumir el costo y castigar. Si esa es la vergüenza, bienvenida sea, porque es el tipo de vergüenza que termina siendo ejemplo.

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.