Proponen en Hidalgo endurecer requisitos de elegibilidad a candidaturas

​PACHUCA, Hgo. - 10 de septiembre de 2026 –Diputados de Morena propusieron reformas a la Constitución Política del Estado para endurecer los requisitos de elegibilidad a candidatos, con ello impedir la participación en procesos comiciales a personas condenadas por hechos de corrupción que ameriten inhabilitación para ocupar cargos públicos, así como delitos dolosos que impliquen pena privativa de libertad.

​El grupo parlamentario de Morena en la LXVI Legislatura presentó la iniciativa que modifica el tercer párrafo de la fracción I del artículo 24 de la Constitución local para agregar al apartado referente a que no podrán ser postuladas a cargos de elección popular las personas que estén cumpliendo sentencia ejecutoriada, la frase “delitos dolosos que ameriten pena privativa de la libertad o por hechos de corrupción que ameriten la inhabilitación para ocupar cargos públicos”.

​Dentro de los argumentos expuestos, subraya que la adición propuesta se justifica en la necesidad de fortalecer los requisitos de elegibilidad para el acceso a cargos de elección popular, bajo un estándar más amplio de integridad, probidad y responsabilidad pública.

​Además, sostiene que no constituye una restricción arbitraria de derechos político-electorales, sino una medida razonable orientada a preservar la idoneidad constitucional de quienes aspiran a ejercer funciones de representación, dirección política y toma de decisiones públicas.

​En otro momento de la sesión, la diputada por el distrito IX, Yarabi González Martínez, planteó permutas al Código Penal del estado para proteger los bosques y acabar con la impunidad de quienes talan de manera ilegal, quienes cometen también actos de violencia, persecución y pobladores o activistas que defienden el medio ambiente.

​La adición del artículo 345 Bis impone penas más severas cuando la tala ilegal ocasione el desplazamiento forzado de las comunidades o destruya por completo un hábitat natural, garantizando que el daño sea reparado y que ninguna actividad económica se coloque por encima de la dignidad de las personas y la supervivencia del medio ambiente.

​Por otro lado, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Orquídea Larragoiti Osorio, expuso reformas al Código Penal en cuanto a prevención y sanción al despojo inmobiliario y protección reforzada del patrimonio familiar de adultos mayores.

​Modifica los artículos 218, 219, 220 y el primer párrafo del artículo 226; y se adicionan los artículos 219 Bis, 220 Bis y 220 Ter, entre otras, para sancionar con 2 a 8 años de prisión o multas de 100 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes invadan u ocupen ilegalmente un inmueble, altere destruya linderos, desvíe o modifique aprovechamientos de agua, entre otros.

​También considera de 3 a 10 años de prisión y multa de 150 a 750 veces la UMA cuando el despojo sea en inmuebles de dominio público estatal o municipal, destinados a servicios públicos y otras particularidades; asimismo, de 4 a 12 años de cárcel con sanciones de 200 a mil veces la UMA si hubo violencia, las víctimas son adultos mayores o personas discapacitadas, por suplantación de identidad y otros.

​Finalmente, considera sanciones para quien organice, dirija, financie, determine o coordine dolosamente la comisión de alguno de los delitos de despojo; y prevé disposiciones para la eventual reparación del daño.