Desaparecidos y desplazados que el gobierno no ve

PACHUCA, Hgo., 29 de septiembre de 2026.- En septiembre de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó una gira nacional con motivo de su informe correspondiente al segundo año al frente del Poder Ejecutivo Federal, informando que en México se está haciendo el segundo piso de la cuarta transformación, elogiando al expresidente López Obrador, diciendo que las obras del gobierno son las mejores y que nuestra soberanía nacional no se negocia. Durante dichos recorridos se registraron expresiones de respaldo, pero también manifestaciones de inconformidad en diversos estados respecto a las acciones y omisiones del Estado mexicano.

Más allá del discurso, el análisis jurídico debe sustentarse en cifras frías y verificables que el propio Estado proporciona.

De conformidad con los artículos 1° y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y los tratados internacionales, la principal función del Estado es proporcionar seguridad y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. Su incumplimiento genera responsabilidad jurídica para el Estado.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, presentada el 22 de septiembre de 2026, en el periodo comprendido entre octubre de 2020 y octubre de 2025, un total de 1.6 millones de personas se vieron obligadas a desplazarse por causa de la inseguridad, en 510,000 hogares, siendo Guerrero el estado con mayor número de personas desplazadas.
La magnitud equivale a que la población total de los estados de Colima y Baja California Sur migrara de su lugar de origen. Se trata de una crisis humanitaria que encuadra en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no
Localizadas, del 1 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2026 se registraron 20,314 personas desaparecidas, un promedio de 30 por día. De ese total, 7,948 son mujeres de entre 15 y 19 años. Los datos provienen de páginas oficiales del Gobierno Federal.
A estas cifras debe sumarse la violencia letal. Contrario a la cifra conservadora del ejecutivo federal 14,900 homicidios anuales, el INEGI reportó 33,241 homicidios dolosos durante el periodo 2024.

Es importante hacer un estudio de derecho comparado, Suecia cuenta con una población de 10.5 millones de habitantes y registró 84 homicidios en el último año. Con una tasa de 0.8 por cada 100 mil habitantes, si tuviera la población de México (aproximadamente 130 millones)tendría alrededor de 1,040 homicidios al año. 
La comparación permite dimensionar lo que implica vivir en un país seguro, donde sus habitantes no necesitan cuestionarse si regresarán con vida al término de su jornada laboral o educativa, frente a los más de 30 mil homicidios dolosos anuales en México.

Un caso reciente y paradigmático es el de Claudia Tacoronte Aguilera. La joven, estudiante de 21 años de la Universidad de Granada que participaba en un programa de intercambio con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue asesinada el 12 de septiembre de 2026 en Cuautla, Morelos. 
No se trata de delincuentes que se agreden entre sí, argumento recurrente para justificar la ineficacia estatal, sino de la privación de la vida y desaparición de personas ajenas a la criminalidad: estudiantes y mujeres jóvenes de entre 15 y 19 años.
Es un delito silencioso que no ocupa las primeras planas nacionales, pero que desgarra la tranquilidad de las familias. Anteriormente los jóvenes salían con la certeza de regresar; hoy, como padres de familia, se restringe su movilidad por temor a que sean asesinados o desaparecidos. Jóvenes talentosos pierden oportunidades educativas al no permitírseles estudiar en otras ciudades. Prácticas antes cotidianas, como acudir solos a la escuela desde la primaria, han sido sustituidas por el acompañamiento permanente incluso en el nivel medio superior.

La percepción de inseguridad normalizada en la sociedad mexicana no es compatible con el Estado de Derecho. Lo jurídicamente exigible es que los jóvenes puedan ejercer su derecho a la educación, al libre tránsito y al esparcimiento sin temor a no regresar con vida. No normalicemos lo que es producto de la ineficiencia institucional. El derecho a un país seguro y en paz es un derecho humano fundamental.
Como lo expresó Thomas Hobbes en su obra leviatán "La obligación de los súbditos para con el soberano dura tanto como dura el poder con el cual éste es capaz de protegerlos."

Las opiniones y conclusiones expresadas en el artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan la posición de Quadratín.