Legislación sobre manifestaciones violenta derechos fundamentales

MÉXICO, D.F., 2 de diciembre de 2014.-  El pleno del Congreso estaría violentando por lo menos dos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos pues por mayoría calificada, el PRI, PAN y PVEM aprobaron una reforma a los artículos 11 y 73 de la Constitución para que el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios expidan leyes en materia de movilidad universal que permitiría a la autoridad “impedir la libre manifestación en las calles”.

El artículo 19 de las garantías fundamentales de todo ser humano, sin importar el país donde se encuentre, destaca que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Por otro lado el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas así como la garantía de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”.

En mancuerna el PRI y el PAN desempolvaron la minuta que fue aprobada desde el pasado mes de abril en la Comisión de Puntos Constitucionales, y generaron en el Pleno cameral el rechazo y la crítica abierta de los partidos Movimiento Ciudadano, PT y PRD, quienes advirtieron que el texto que elaboró el panista Marcos Aguilar Vega criminalizará la protesta social, en momentos en que mayor cuidado debería tener la autoridad para garantizar la libre expresión y manifestación de los ciudadanos.

Los diputados que respaldaron el contenido de la iniciativa adicionaron el artículo 11 de la Constitución, al sostener que el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad universal atendiendo a los principios de igualdad, accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad. Y se remitieron al artículo 73 de la misma Constitución que tiene que ver con la restauración y preservación del equilibrio ecológico para otorgar facultades a los gobiernos federal, estatales y municipales de legislar en materia de movilidad universal.

Tal circunstancia propició la inconformidad en el Pleno cameral que a pesar de vivir un capítulo de inagotables argumentaciones en contra de la reforma, pasó a aprobar la modificación.

(Con información de La Jornada).