Ley Olimpia y cárcel a deudores alimentarios no solucionan problemas de raíz: experta

PACHUCA, Hgo., 13 de marzo de 2021.- La recién aprobada Ley Olimpia en la entidad y las penas de cárcel para deudores alimentarios no solucionan la raíz de los problemas, afirma Yolanda Molina Reyes, abogada especialista en género y derecho.

La coordinadora de México Igualitario, Nodo Hidalgo, resaltó que la Ley Olimpia deja muchos vacíos para el acceso a la justicia, ya que las penas estipuladas no contemplan la rehabilitación de los agresores, por lo tanto, puede existir la venganza después de cumplida la condena.

A su vez, no se estipula la responsabilidad del Estado para garantizar la seguridad de las víctimas; durante el proceso, las autoridades tendrán acceso al contenido debido a su carácter de prueba del ilícito, lo cual termina por revictimizar a las denunciantes; y, por último, existe un problema para la comprobación del lugar donde ocurrió el hecho

“¿Qué pasa si yo estoy en Hidalgo y mando mi ‘nude’ a Baja California, donde no está la Ley Olimpia, pero luego se distribuye en Monterrey? Jurisdiccionalmente hay un conflicto”,expuso.

En materia de deuda alimenticia, la activista menciona que el problema radica en la pena de cárcel para el deudor, debido a que el sistema penitenciario en el país estipula que las personas privadas de la libertad no están obligadas a realizar trabajos remunerados, por lo tanto, muchos se declaran en quiebra para evitar pagar la pensión.

“Simplemente nosotras hacemos la pregunta: ¿qué trae consigo que él esté en la cárcel, si realmente lo estas metiendo porque se necesita el dinero para la crianza? Entonces esa no es la vía, porque nada asegura que no reincidirá. Pensemos también que, a este hombre dentro de la cárcel, ¿quién lo va a sostener? Su familia, y principalmente las mujeres de su familia”, argumentó.

Yolanda Molina insiste en que deben existir consecuencias, pero debe procurarse el bienestar de los menores de edad al garantizar su acceso a este derecho, de manera que se deben generar políticas públicas que prevengan este tipo de delitos, con el fin de que el derecho penal sea la última instancia en lugar de ser la primera.