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PACHUCA, HGO, 28 de julio de 2026- Entre 50 y 70 personas indígenas privadas de la libertad en Hidalgo son analizadas para determinar si pueden acceder a un proceso de excarcelación, informó Prisco Manuel Gutiérrez, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas.
El funcionario explicó que la revisión se realiza en coordinación con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, el Poder Judicial y autoridades estatales, con el objetivo de identificar expedientes en los que existan condiciones legales para solicitar la libertad de las personas recluidas.
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Precisó que el análisis contempla casos de personas que ya cumplieron más de la mitad de su sentencia, enfrentan delitos no graves, presentan enfermedades que ponen en riesgo su vida, no pudieron cubrir la reparación del daño o bien existen indicios de que durante su proceso no contaron con las garantías legales correspondientes, como la asistencia de un intérprete en su lengua materna.
“No todos los casos son susceptibles de excarcelación; cada expediente se revisa de manera individual”, puntualizó.
Prisco Manuel Gutiérrez indicó que actualmente hay población indígena recluida en los 12 Centros de Reinserción Social del estado, principalmente originaria de la Huasteca, la región Otomí-Tepehua y Pachuca, perteneciente en su mayoría a los pueblos nahua, tenek y pame.
Añadió que más del 95 por ciento de las personas analizadas ya fueron sentenciadas, por lo que el procedimiento no implica una liberación automática, sino una revisión jurídica que deberá resolver el Poder Judicial.
Entre los casos que reciben atención prioritaria se encuentran personas con enfermedades graves recluidas en los penales de La Lima, Jaltocán y Tenango de Doria, así como expedientes donde se presume que el debido proceso pudo haber sido vulnerado.
El titular de la comisión estimó que las primeras resoluciones podrían concretarse antes de que concluya este año, aunque serían pocos casos, mientras que una segunda etapa continuaría durante 2027.
Como parte de la estrategia para garantizar el acceso a la justicia, informó que Hidalgo cuenta con 235 intérpretes asignados a juzgados y ministerios públicos, además de alrededor de 200 traductores certificados, quienes brindan apoyo a personas indígenas durante los procesos judiciales para asegurar que comprendan y exerzan plenamente sus derechos.