Operan de manera irregular empresas de seguridad privada en Hidalgo

PACHUCA, Hgo., a 8 de julio de 2019.- Aproximadamente un mil 600 elementos se encuentran registrados como empleados de Seguridad Privada, mientras que en Hidalgo operan 54 empresas prestadoras de este servicio de manera totalmente regular, en tanto que existen aproximadamente 70 realizando procesos de regularización ante la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Sobre lo anterior informaron Miriam Margarita Carmona Morán, titular de la Unidad de Registro y Supervisión de Prestadores de Seguridad Privada, y la subdirectora de Asuntos Jurídicos de la misma instancia Arlett Destunis.

Ambas coincidieron en la urgencia de que la ciudadanía se sume y sea la primera en exigir que la empresa de seguridad privada que contrate cuente no solo con medios técnicos, materiales y humanos, sino también capacitación y profesionalización de sus elementos para poder prestar el servicio de manera regulada.

Para lo anterior, dijeron, es necesario que se exija a la empresa que exhiba su autorización, lo que asegurará que la empresa cubra sus necesidades de seguridad y que la misma es capaz de erradicar anomalías e irregularidades.

Refirieron que regularmente se llevan a cabo visitas de inspección por parte de verificadores facultados por la unidad para aplicar medidas de apercibimiento cuando detectan el funcionamiento irregular de alguna empresa de seguridad privada.

En caso de que las mismas no estén regularizadas, se les da un plazo no mayor a 5 días para que inicien su proceso de autorización.

Para el mismo, expuso Destunis, existen medidas de apremio como el Reglamento de la Ley de Seguridad Privada y la Ley Estatal del Procedimiento Administrativo.

El primero, dijo, es el apercibimiento, instruido desde la visita de inspección, tras el cual, si la empresa no se presenta a sus trámites, se puede imponer una multa e incluso solicitar el auxilio de fuerza pública para retirar los servicios irregulares o proceder al arresto administrativo, ya que la Unidad de Registro está facultada para dar visto al Ministerio Público, pues la usurpación de funciones en materia de seguridad privada constituye un delito, aunque, dijo, no es común que se llegue a estas últimas medidas.

Por su parte, Miriam Margarita Carmona expuso que se busca que las empresas de Seguridad Privada cumplan con la capacitación de sus elementos, aunque expuso que el mayor problema de estas empresas es la rotación de empleados.

Por ello, dijo, la Unidad a su cargo insiste en que cada uniformado sea registrado en una plataforma para consultar sus antecedentes y tener la certeza de a quiénes contratan.

Informó que el instituto de Formación Profesional capacita a estos elementos, pero con un costo, pues proporcionan un servicio privado, aunque sí se han gestionado cursos y conferencias gratuitos buscando que las empresas funcionen con apego a la normativa.

Una de las exigencias para la regularización de estas empresas, dijeron, es que se apeguen al manual de capacitación, operación, selección y adiestramiento de su personal, por lo que, previo a su contratación, el mismo debe ser sometido a las pruebas de control y confianza para poder desvincular filtros con delincuencia o delincuencia organizada, trastornos psicológicos que pudieran afectar a la ciudadanía, entre otros aspectos.

Coincidieron en que la ciudadanía, en busca de un servicio económico, sacrifica aspectos importantes de la seguridad, pero que el propósito de la Unidad de Registro y Supervisión de Prestadores de Seguridad Privada es eliminar la improvisación y dar a la población la certeza de que las empresas contratadas cuentan con lo necesario para atender sus necesidades de seguridad.

Expusieron que varias de las empresas en proceso de regularización se encuentran ya a una firma de estar autorizadas, mientras que algunos procesos se detienen o se reinician debido a la falta de requisitos, principalmente los relacionados con obligaciones en materia de seguridad social para sus elementos.

Asimismo, se les solicita estar al corriente con obligaciones hacendarias y con el municipio en caso de licencias de funcionamiento.

Instaron a la población a sumarse para evitar que proliferen las empresas no autorizadas y, en su caso, presentar quejas y denuncias al teléfono 473 1288 o vía electrónica al correo [email protected] para que la Unidad pueda desplegar acciones para identificar empresas irregulares o, en el caso de las regulares, que éstas se ajusten a la norma en caso de alguna infracción por parte de sus elementos.