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TULA DE ALLENDE, Hgo., 30 de octubre de 2016.- Con empujones, gritos y actos amedrentadores contra la ciudadanía que quiso externar su inconformidad por la autorización que le dio por mayoría la Asamblea municipal al alcalde Gadoth Tapia Benítez para signar contratos y convenios de naturaleza indistinta con particulares e instituciones públicas durante el periodo de gobierno 2016 – 2020.
Tras una larga y polémica primera sesión extraordinaria, finalmente con 17 votos a favor, una abstención y cuatro en contra; una parcialidad de las fracciones de oposición del cabildo reiteró que el consentimiento dado no tiene razón de ser por carecer de un sustento sólido para legitimarse.
Además, insistieron en que “dar carta abierta” al edil durante cuatro años es riesgoso, “ya se tiene la experiencia del gobierno anterior, (de Jaime Allende), si se autoriza no estamos recordando nuestra historia y estamos condenados a repetirla”.
El bloque oficialista del cabildo (priistas, neoaliancistas, de Movimiento Ciudadano y del Verde Ecologista), aceleraron la votación y pugnaron por dar un voto de confianza al mandatario local, además de que expusieron que hay candados para que la anuencia no sea utilizada para endeudar al municipio.
“El punto que se toca ya fue lo suficientemente analizado y discutido en comisiones, las cuales determinaron la legalidad de la permisión, por lo que los alegatos que se viertan en la mesa están de más”.
Antes y después de la votación hubo manifestaciones ciudadanas en contra de la autorización, las cuales fueron ignoradas por la mayoría de asambleístas, quienes dieron su consentimiento al punto 8 del orden del día”.
En los mensajes de las pancartas que portaron los ciudadanos se pudieron leer cuestionamientos como: no bastaron cuatro años para entender y no al poder absoluto.
En la extraordinaria también se autorizó el proyecto de Ley de ingresos del ayuntamiento para 2017, que pretende una recaudación de más de 282 millones 900 mil pesos, y que se dijo sólo contemplaba aumentos menores al 3 por ciento de inflación, pero que la oposición denunció que tales cifras no cuadraban con la información proporcionada.
En la sala de cabildo, se reunió un grupo de choque conformado por funcionarios públicos del gobierno municipal, que no dejaron transitar libremente a los manifestantes y que, al término de la sesión, de forma violenta les impidieron el uso de la palabra.